Por: Daniela Cristóbal
El tráfico de armas representa uno de los mayores retos de seguridad, pues además de la violencia que genera, incide en la salud pública reduciendo la expectativa de vida. Estimaciones del ONC señalan que entre 2003 y 2013 hubo una reducción de 5 meses de vida a nivel nacional debido a la incidencia de homicidios.
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Estados Unidos estima que en nuestro país circulan alrededor de 17 millones de armas ilegales, las cuales han sido adquiridas principalmente en los “gun shows” y en las más de 22,000 armerías que existen en la frontera con Estados Unidos.
Datos del INEGI indican que en 2020 el 70.6% de los homicidios se cometieron con armas de fuego y la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes, aunque en los últimos años ha incrementado el número de mujeres jóvenes víctimas de este delito.
La respuesta de esta administración está enfocada principalmente en la demanda civil que busca la reparación de daños directos e indirectos por prácticas negligentes e ilícitas de Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett. El Gobierno de México busca un comercio responsable que se abstenga de anunciar entre la población civil armas de alto poder.
Si bien buscar un comercio con reglas más estrictas y con publicidad no dirigida a grupos delictivos es una buena intención, ello no contribuirá a mermar el poder armado de dichos grupos en territorio nacional ni a frenar la violencia contra elementos de seguridad del Estado.
En territorio nacional existen acciones que buscan atender el problema. Por un lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió poner al Ejército y a la Marina Armada de México al mando de las aduanas fronterizas del país para erradicar la corrupción, acotar el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, drogas e incrementar la recaudación.
Esta acción no fue bien recibida debido a los resultados que se han tenido cuando se involucra a militares en tareas de seguridad realizadas por civiles. El incremento de las violaciones a DDHH, la violencia contra la población y la letalidad han sido las principales razones para ser precavidos respecto al involucramiento de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, la estrategia de Desarme Voluntario y Ferias de la Paz busca fomentar la cultura de la paz y promover valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia en regiones de mayor índice de homicidios a través de campañas de prevención con actividades informativas y lúdicas, canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos y acciones de desarme voluntario.
En el ONC hemos señalado que la Campaña de Canje de Armas a cargo de la SEDENA ha dado resultados muy pobres, pasando de 31,506 armas canjeadas en 2013 a 1,662 en 2020. Queda la duda de por qué existiendo regiones con mayor incidencia de homicidios como Zacatecas, Morelos, Baja California, Sonora, Michoacán, Guanajuato o Quintana Roo, las acciones comienzan en Oaxaca.
Cabe mencionar el tema de los aseguramientos que realizan las instituciones de seguridad, tema en el que también hemos destacado que la Guardia Nacional, con 3 veces más efectivos que la extinta Policía Federal asegura 60% menos armas. En Sonora, Guerrero y Guanajuato los aseguramientos disminuyeron abruptamente.
Hoy el tráfico de armas requiere repensarse y contar con soluciones de largo plazo que pongan en el centro de las políticas a las personas. Se necesita una sistematización de datos por parte de las autoridades sobre el fenómeno, mayor transparencia sobre los aseguramientos y la construcción de respuestas regionales, pero sobre todo binacionales con Estados Unidos que consideren las particularidades de nuestros países.
Habrá que estar muy atentos a las propuestas que resulten del trabajo de los subgrupos del Entendimiento Bicentenario.
@dani_cristob
