En la reducción de homicidios dolosos presentada entre 2020 y 2021 se asume que las políticas del gobierno federal son las responsables de este avance. Antes de establecer conclusiones sobre el origen de esta variación deberíamos reflexionar sobre algunos elementos circundantes a estos resultados. El incremento o reducción de los homicidios intencionales van más allá de las decisiones de un solo actor.
La primera situación para considerar es el comportamiento heterogéneo de las tasas de homicidios dolosos en el territorio nacional. En algunas entidades, como la Ciudad de México, la intensidad del delito se redujo de manera considerable, en cambio en estados como Zacatecas y Michoacán han llegado a niveles nunca vistos. Sumado a esto, hay condiciones latentes para que la violencia siga cobrando muchas más vidas, tomando en cuenta que actividades criminales como el narcomenudeo y la extorsión presentaron tasas récord en 2021.
Sobre este punto debemos cuestionarnos si la heterogeneidad del comportamiento espacial del homicidio junto con el alza otros delitos son un indicador de control de la violencia o bien se están ignorando la conjunción de una serie de variables de carácter local que tienen una influencia en estos comportamientos diferenciados.
Otro elemento para reflexionar son los alcances de la inaprensible estrategia contra la violencia del gobierno federal. De acuerdo con el discurso presidencial, el incremento y generalización de la violencia en el país es resultado del enfrentamiento de las fuerzas de seguridad federales con los grupos criminales, a partir de este razonamiento se decidió abordarlos desde sus “causas”. Para ello se pusieron en marcha una serie de programas sociales como parte de la estrategia de prevención de la violencia.
Después de transcurrir más de la mitad del sexenio, seguimos sin conocer cuáles, cómo y en qué medida dichos programas han marcado el comportamiento de los homicidios dolosos en el país. De igual forma, poco o nada sabemos del impacto diferenciado que dichos programas tienen a partir de las particularidades de cada territorio en donde se aplican.
Un tercer elemento por tomar en cuenta es el papel de la Guardia Nacional y fuerzas militares en las tareas de seguridad. Aunque contradictorio con la idea de abrazos y no balazos, la autoridad federal ha reforzado el despliegue de sus fuerzas de seguridad para contar con un mayor control del territorio nacional y así apoyar a las actividades de seguridad pública local.
Para ello se han instalado decenas de coordinaciones territoriales y casi 200 cuarteles en el país. Si bien sus intervenciones han mostrado algunos resultados positivos, como la contención de la violencia en Tijuana, Baja California, al mismo tiempo no han logrado desactivar expresiones de violencia extrema como lo son las ejecuciones recién ocurridas en la capital de Zacatecas; en Isla, Veracruz o San José de Gracia, Michoacán. Por lo tanto, tampoco se puede afirmar que las incursiones de las fuerzas de seguridad federales sean definitorios en la variación de la violencia letal.
Así pues, antes de pensar que un actor es responsable de los cambios de la violencia país resulta pertinente hacer una valoración más amplia de lo que hay alrededor. Es posible que las acciones que intensifican o inhiben la violencia letal no provengan de las decisiones tomadas solo desde la federación, pues al mismo tiempo hay actores locales que dan forma a nuestra realidad.
@DonJAngel
