Por: Gerardo Bonilla Alguera
Una asignatura pendiente en materia de seguridad pública en México es la reforma de las corporaciones policiales. En el pasado reciente se han aprobado en el CNSP tres grandes iniciativas orientadas a profesionalizar la labor de las policías en el país. En 2008 fue el Acuerdo Nacional para la Seguridad con Justicia y Legalidad, en 2017 el Modelo Óptimo para la Función Policial y en 2019 el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Por diversos motivos y con resultados heterogéneos no ha prosperado ninguno de estos esfuerzos.
El común denominador de esta tercia de reformas policiales es la ausencia de perspectiva de género en el diagnóstico, el diseño y la implementación. En el mejor de los casos se estipulan como objetivos el combate a los feminicidios y la violencia de género. Sin embargo, cuando se plantean medidas para mejorar la carrera policial, los salarios y prestaciones no se considera la brecha de género que existe al interior de cada corporación policial. Ninguno de los indicadores para monitorear el cumplimiento de las metas establecidas considera la incorporación de más mujeres. Esto es una omisión grave que dificulta la construcción de organizaciones policiales democráticas y eficientes.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2019 el estado de fuerza policial en las entidades federativas es de 217,767 elementos. Si revisamos la distribución por nivel jerárquico y sexo se aprecia claramente la brecha de género, pues las mujeres representan apenas el 13.08% de los puestos de primer nivel, 14.77% del nivel intermedio y 18.55% del operativo. Mientras que entre el personal administrativo las mujeres ocupan el 47.42% de los puestos. Claramente, las mujeres están siendo relegadas del ámbito de incidencia policial en campo y en la toma de decisiones.
La inclusión de mujeres en las corporaciones policiales puede generar importantes beneficios. Al respecto, es pertinente considerar los hallazgos de diversas investigaciones realizadas bajo el paraguas teórico de la “burocracia representativa”. El postulado central de este enfoque es el siguiente: al mejorar la representación de grupos en situación de vulnerabilidad en el servicio público, las decisiones gubernamentales serán más eficientes, justas y legítimas. Entre las ventajas sobresalen dos con amplia evidencia empírica que las respalda.
Por un lado, se incrementa la confianza ciudadana en la corporación (Riccucci, Van Ryzin & Lavena, 2014) y disminuye la percepción de corrupción. Esto no se debe a que las mujeres sean intrínsecamente más éticas que los hombres, no es un asunto de superioridad moral. Simplemente, las mujeres policías tienen mayor aversión al riesgo de incurrir en conductas ilícitas porque les ha costado más llegar a sus puestos (Barnes, Beaulieu & Saxton, 2017). Por el otro, la llegada de mujeres a puestos de mando policial contribuye a priorizar políticas orientadas a frenar la violencia de género (Gains & Lowdes, 2017).
Esta inclusión es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar potenciales beneficios. Se requiere que al sumarse a la corporación policial lo hagan en igualdad de oportunidades y en entornos institucionales libres de violencia. Un mecanismo que puede ayudar en esta labor es la creación de Unidades Especializadas de Género. En 2019 se creó una Unidad en la SSC de la CDMX para atender casos de violencia contra mujeres policías. Este año entró en operaciones la llamada “Policía Rosa” en Aguascalientes para prevenir la violencia familiar y de género. Bienvenidas estas iniciativas, ahora habrá que monitorear y evaluar su desempeño e impacto.
Este tema debería ser un objetivo prioritario de la reforma policial en curso. Por justicia social, profesionalización y dignificación de la función policial requerimos con urgencia más mujeres en todas las áreas y niveles de las corporaciones de seguridad pública.
@Ger_Bonilla
Barnes, T., Beaulieu, E. & Saxton, G. (2017). “Restoring trust in the police: Why female officers reduce suspicions of corruption”, Governance, Vol. 31, No. 1, pp. 143-161.
Gains, F. & Lowndes, V. (2017). “Gender, actors, and institutions at the local level: Explaining variation in policies to address violence against women and girls”, Governance, Vol. 31, No. 4, pp. 683-699.
Riccucci, N., Van Ryzin, G. & Lavena, C. (2014). “Representative Bureaucracy in Policing: Does It Increases Perceived Legitimacy?”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 24, No. 3, pp. 537-551.
