Fernando Acosta Chávez
Los indicadores de incidencia delictiva, inseguridad y violencia siguieron deteriorándose en 2019. De ahí que sea necesario revisar, entre otros aspectos, qué se plantea y qué implicaciones tiene la asignación de recursos para estos temas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020. Es de particular interés, la asignación de recursos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y los destinados a la seguridad pública en los fondos del Ramo 33.
Un primer aspecto por destacar es la disminución de recursos al FORTASEG. Como se sabe, se trata de un programa público a cargo del Ejecutivo Federal con cobertura nacional, que consiste en un subsidio dirigido a los municipios y, en su caso, a los estados. El principal objetivo de este programa es el fortalecimiento de la seguridad pública municipal. En los últimos años, los recursos asignados a este fondo han decrecido en términos nominales y reales.
Basta señalar que para este programa se asignaron 5 mil millones de pesos en 2018 y 4 mil nueve millones de pesos en 2019. En tanto, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PPEF) 2020 se asignaba un monto de 3 mil millones de pesos, cantidad que fue modificada a 4 mil millones en el PEF 2020, con lo que el monto nominal se mantiene por debajo de lo asignado en 2019, esto es, descensos de 0.23% nominal y de 3.1% en términos reales.
La importancia del FORTASEG radica en constituir una política pública encaminada al fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y, conforme a los acuerdos asumidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, sus recursos se asignan para el cumplimiento de los programas con prioridad nacional relacionados con la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales; el fortalecimiento tecnológico, mejora del equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, la prevención social de la violencia y delincuencia; y no menos importante, la capacitación en materia de derechos humanos y de igualdad de género.
Una característica de este programa es que la distribución de recursos a municipios se realiza mediante la aplicación de una fórmula en la que se privilegia el tamaño poblacional y la percepción de alta incidencia delictiva. Una vez aplicada la fórmula, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México beneficiarios del FORTASEG. En 2018 la lista incluía 300 municipios y para 2019 a 252 de todas las entidades. Adicionalmente, el programa cuenta con mecanismos para el seguimiento y evaluación.
La disminución de recursos al FORTASEG implica entonces, menos atención a un programa con focalización en el problema de la seguridad pública y con elementos que permiten generar evidencia de su funcionamiento y posible mejora. No se abordará aquí, pero una de las explicaciones al reciente decremento de los recursos destinados a este programa se encuentra en la reasignación hacia la Guardia Nacional. El otro elemento que se utiliza para explicar la disminución en este programa es la reorientación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) hacia la atención a la seguridad pública desde el ámbito municipal.
En el caso del FORTAMUN, el PEF 2020 le asigna 86,971 millones de pesos, que en términos reales implica un incremento de sólo 0.21% con respecto a lo asignado en 2019. Este fondo dirigido a los municipios tiene varios fines o etiquetas, entre ellos el cumplimiento de obligaciones financieras; el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales; la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. A diferencia del FORTASEG, este fondo se destina a todos los municipios del país.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de julio de 2019, mediante Acuerdo 04/XLIV/19, impulsó la revisión del FORTAMUN, a fin de incrementar el porcentaje destinado a tareas de seguridad a un mínimo de cincuenta por ciento para el fortalecimiento de las policías municipales. Ya en el PPEF 2020, se promovió que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en el FORTAMUN se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
Es relevante señalar que destinar 20 por ciento del FORTAMUN a temas relacionados con la seguridad representaría alrededor de 4.3 veces el monto presupuestado para el FORTASEG en 2020; no obstante, no se ha analizado el costo de oportunidad que implica dirigir más recursos de este fondo al tema de seguridad pública.
En 2016, en una muestra de 161 municipios auditados por la Auditoría Superior de la Federación se encontró que en conjunto ya se destinaba alrededor de 50% de los recursos del fondo al tema de seguridad pública. Sin embargo, se encontraron municipios que no destinaban recursos de este fondo a dicho tema, mientras otros destinaban más de 90 por ciento.
Alrededor de 34.1 por ciento de los recursos del fondo en esa muestra de municipios se destinaba a obligaciones financieras y otros requerimientos. Lo anterior indica que reorientar más recursos del FORTAMUN al tema de seguridad pública implicará invertir menos en otras áreas también vitales para los municipios, y en muchos casos los municipios no tienen espacio u opción para ese cambio.
Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), también del ramo 33 y cuyos recursos de distribuyen por entidad federativa, se propuso en el PPEF 2020 destinar al menos 20 por ciento de sus recursos a los municipios. De manera similar al FORTAMUN, hay que evaluar qué temas de la seguridad pública desde el ámbito estatal podrían desatenderse al dirigir más recursos a los municipios.
En conclusión, si bien la situación actual de nuestro país reclama mayores inversiones para atender la seguridad pública, sobre todo desde el ámbito municipal, es importante invertir más y mejor. Lo anterior, también quiere decir no descuidar o ignorar el financiamiento de otros temas. Además, debe ponerse atención en la evaluación respecto del destino y los resultados de mayores inversiones de recursos de los fondos del ramo 33 a la seguridad pública municipal.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@ObsNalCiudadano
