Los resultados de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 son contundentes. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo (MORENA-PT-PVEM) fue elegida presidenta de la república con aproximadamente el 60% de los votos. La ciudadanía sufragó claramente por la continuidad de un proyecto de nación. Ese voto de confianza se traducirá muy probablemente en mayorías calificadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. También gobernarán en 24 entidades federativas.
Un poder de esa magnitud puede ser utilizado para desmontar el sistema democrático, pero también para alinear los esfuerzos institucionales en materia de seguridad pública. De alguna manera es ver el vaso medio lleno o medio vacío. En cualquier caso, lo que se decida emprender dependerá prácticamente de la nueva presidenta. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué sigue? Desde la Dirección de Investigación del ONC nos preocupa qué esperar de la ¿nueva? política de seguridad de la administración federal 2024-2030.
Dada la información disponible, podemos suponer que lo sensato es esperar muy poco. La futura presidenta de la república no participó en nuestro ejercicio Por un México Seguro. Así que lo poco que sabemos de sus políticas de seguridad pública se reduce a lo que expresó durante la campaña electoral. Desafortunadamente, casi todo es ambiguo o vago. Ofreció un diagnóstico que encumbra los presuntos logros alcanzados por el actual gobierno federal basados en una lectura mañosa de los datos oficiales. La línea general es continuidad. En el mejor de los casos, ofreció llevar al ámbito nacional la estrategia empleada en la Ciudad de México durante su gobierno.
Desde una perspectiva esforzadamente optimista queremos pensar que todo eso fue parte de la estrategia de campaña a la cual se ciñó con disciplina. Esto le dio excelentes resultados electorales. Sin embargo, ya es momento de pensar como gobernante y dejar atrás a la candidata. Una primera aproximación a esta nueva faceta la vimos en sus discursos en el búnker de campaña y el zócalo. Reconocemos el tono conciliador, pero persiste la vaguedad de la propuesta de seguridad. Se comprometió a “llevar a México por el camino de la paz y la seguridad” y reiteró que se consolidará la Guardia Nacional.
Ahora bien, ¿esa “consolidación” implica trasladarla formalmente a la SEDENA? ¿Se refiere a incrementar su estado de fuerza? ¿Se refiere a reforzar procesos de profesionalización? Todo indica que la Guardia Nacional se convertirá -de facto o de jure- en la cuarta rama de las Fuerzas Armadas, junto con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. De esta manera se consolidará el proyecto de militarización de las labores de seguridad pública, algo que nos hubiera parecido ajeno a la posición ideológica del movimiento. Esto parece lógico e inevitable; sin embargo, falta ver qué hará la nueva administración federal a nivel subnacional con las policías estatales y municipales y en particular, con las corporaciones de estados gobernados por la oposición.
Con la Guardia Nacional todo indica que será más de lo mismo. Sin embargo, todavía hay margen para la innovación, para alejarse de la continuidad pura y dura. Lo que consideramos más viable en términos políticos y de política pública es la atención real a la violencia de género. Como lo hemos documentado en diversos estudios, no todo es crimen organizado. En el país tenemos un severo problema de violencia contra las mujeres, desde el ámbito político hasta el doméstico.
Enfocar la atención presidencial en este tema sería congruente con la agenda feminista que se espera de la primera presidenta en la historia nacional. Además, no contraviene nada de lo hecho en la actual administración, así que tampoco se confrontaría con el también poderoso expresidente López Obrador.
En suma, aún si la nueva presidenta opta por la continuidad en la estrategia militarista habría margen de maniobra para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por supuesto, esta labor no debería ser realizada por la Guardia Nacional, sino por instancias civiles e interinstitucionales. Ello requerirá políticas públicas con perspectiva de género, ampliaciones presupuestales considerables y todo el respaldo presidencial. Lo congruente, lo elemental y mínimamente aceptable será actuar bajo la consigna de que “por el bien de todos, primero las mujeres”.
Dirección de Investigación del ONC
@ObsNalCiudadano
