Por: Ixchel Bedolla Alcántara
Han pasado cinco años desde la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en México. La reforma constitucional del 2008 previó un periodo de 8 años para preparar la transición del sistema mixto. El nuevo sistema requirió modificaciones normativas y reingeniería de las instituciones encargadas de la procuración de justica, lo que implicó una cuantiosa inversión en capacitación a los operadores e infraestructura. Todo ello, de cara al imperativo histórico de superación de la desconfianza en un sistema ostensiblemente lento e ineficiente.
De entonces hacia acá, persisten muchos de los vicios del antiguo sistema inquisitivo: contaminación de la escena del crimen, mal manejo de la cadena de custodia, destrucción y pérdida de evidencias, análisis deficiente de pruebas, extracción de confesiones bajo tortura, coordinación precaria entre los operadores del sistema, etc.
Así, dista de sorprender que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, México es uno de los países con mayores niveles de impunidad. Asimismo, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), durante el 2019 solamente se inició una carpeta de investigación en 7.6% del total de delitos, en el 92.4% no hubo denuncia o no se inició una investigación.
Tan cierto como los avances en la impartición de justicia es que el combate a la impunidad reclama la incorporación orgánica de los métodos y las experiencias de frontera en materia de la investigación criminal. Los usos tradicionales, asentados en la resolución de un caso en concreto y en la investigación de casos como incidentes aislados e inconexos, obstruyen la identificación de los vínculos y relaciones potencialmente subyacentes entre ellos, a la vez que dificulta la investigación de delitos imputables al crimen organizado y prohija la mala práctica del engrosar los archivos temporales a la espera de líneas de investigación. Frente a este enfoque, el análisis en contexto se revela como una opción promisoria a la espera de ser aprovechada.
Las experiencias en otros países de América Latina apuntan a la pertinencia de incorporar al esquema de investigación una figura adicional, encargada de la recolección y el análisis de la información, cuya incidencia directa en el esclarecimiento de delitos queda de manifiesto en los logros de las Unidades de Análisis Criminal y Foco en Chile y la Unidad de Análisis y Contexto en Colombia. El papel del análisis es iluminar y esclarecer vacíos de información, orientar la construcción de la hipótesis sobre factores o situaciones que facilitan el delito, violencia o inseguridad y apoyar en la planificación para la persecución penal.
A pesar de todas las modificaciones realizadas y las buenas prácticas que se pueden incorporar, existen indicios de que las resistencias al cambio mostradas por sus operarios relevantes representan —y lo siguen haciendo— uno de los mayores obstáculos en la implementación del sistema penal acusatorio. A este respecto, la conclusión es inevitable: sin una transición cultural, un giro de 180 grados en los valores y prácticas de los funcionarios y el personal, los cambios institucionales carecerán del soporte que reclaman.
A estas alturas del siglo y el milenio, poco lugar hay a la duda de que las brechas que separan las expectativas legítimas de seguridad del público mexicano respecto de los rendimientos de las instituciones encargadas de la procuración de justicia ponen en tela de juicio la aspiración civilizatoria de realización del Estado Constitucional y Democrático, garante fundamental de los derechos humanos.
@ixchelba
