El próximo domingo 6 de junio se llevará a cabo una de las elecciones más complejas y trascendentes de la historia. Además de la multiplicidad de cargos federales y locales que se renovarán, nos encontramos en medio de una pandemia, una campaña de vacunación, un escenario económico adverso y seguimos inmersos en una crisis de violencia e inseguridad crónica.
Además de la polarización que hay entre la máxima autoridad electoral y el titular del Poder Ejecutivo Federal, es un hecho que los delitos electorales y la violencia política son problemáticas que también atentan sistemáticamente contra la democracia y la vida política desde sus bases fundacionales y que ameritan más atención y análisis en el debate público.
Respecto a las elecciones de 2018, destacan varios factores que modificarán de facto la comisión de delitos electorales y el ejercicio de la violencia política. Enlisto algunos de estos: la pandemia, la campaña de vacunación, los cambios a los programas sociales y al entramado institucional encargado de su implementación, la decisión legislativa de aplicar la prisión preventiva oficiosa cuando se cometan delitos electorales, la creciente relevancia de la esfera digital en las campañas, los criterios de paridad de género para la selección de candidatas y candidatos, la autonomía de las fiscalías especializadas en delitos electorales, la tipificación de conductas relacionadas con la violencia política contra la mujer en razón de género, entre otros. No menos importante es que quienes aplican las leyes, también cambiaron.
En este sentido, recordemos que el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó en agosto de 2018, el estudio Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos, como parte de su colaboración con el Fondo de Apoyo de Observación Electoral (FAOE) 2017- 2018 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Durante el proceso electoral de 2021, el ONC también llevará a cabo un ejercicio de observación electoral gracias al FAOE administrado en esta edición por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En esta ocasión, se persiguen los siguientes objetivos:
1) Caracterizar el comportamiento de comunidades en las redes sociales en el proceso electoral 2021 asociado a la violencia política y violencia política contra la mujer en razón de género.
2) Identificar cambios en los patrones temporales, geográficos y organizativos de la comisión de delitos electorales que se asocien a la crisis sanitaria por COVID-19 y la implementación de programas sociales.
3) Implementar una campaña de socialización dirigida a la ciudadanía en materia de delitos electorales, violencia política y violencia política contra la mujer en razón de género para facilitar su identificación y denuncia a través de los canales correspondientes.
4) Brindar asesoría jurídica y apoyo psicológico a víctimas de violencia política contra la mujer en razón de género.
Para el desarrollo de estos objetivos, el proyecto se centrará especialmente en: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala y Campeche.
Estos objetivos parten del hecho que para algunos actores políticos, todo vale con tal de ganar. Las labores de observación electoral se vuelven fundamentales ante las nuevas oportunidades delictivas y los poderosos incentivos individuales y colectivos que hay detrás los cargos públicos.
Llevar a cabo estas labores implica necesariamente tomar una postura clara y contundente: no ser omisos ante la ley por mucho que haya quienes quieran que mantengamos nuestra atención en cierto púlpito cada mañana.
@VelezManuel
