En México, desde inicios del presente siglo la ola de extorsiones ha ido en franco crecimiento, se estima que en un año se registran alrededor de 5 millones de casos, muy pocos se denuncian. Se calcula que la cifra negra de este delito es de 97.4%; de este escaso número de denuncias, solo en 1 de cada 2 se inicia una carpeta de investigación. El destino de estas investigaciones es desalentador.
En 2021, alrededor de 129 mil casos de extorsión se denunciaron y el Ministerio Público les inició una carpeta de investigación; si pensamos en los resultados en diez de estas víctimas; en 6 casos durante el año de la denuncia no pasó nada, mientras que 3 investigaciones iniciadas siguen en trámite al año siguiente de que perpetró el delito, en la carpeta restante, la víctima pudo correr con la suerte de poner al delincuente a disposición del juez o bien, otorgarle el perdón, con mucho menor probabilidad, quizá pudo recuperar sus bienes. En ningún caso se hubo reparación del daño.
Como en la mayoría de los delitos, la falta de confianza en las autoridades es la principal razón por la cuál las víctimas no presentan la denuncia de hechos. Sin embargo, para el caso del delito de extorsión, el miedo y la vergüenza son las dos principales razones del ámbito personal que paralizan a las víctimas para tomar alguna acción en su defensa. Cuando una persona es extorsionada vive presa de una amenaza latente; teme por su vida, por la de su familia, por su patrimonio e incluso por su reputación.
Dada la forma en que las conductas extorsivas han permeado en la sociedad mexicana, el Observatorio Nacional Ciudadano ha impulsado la investigación de este fenómeno. En ese contexto, en noviembre del 2022 presentó el estudio la Extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas, además, en sinergia con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, llevó a cabo el Foro Nacional sobre Extorsión: perspectivas jurídicas y de política pública los días 21 y 22 de febrero pasado.
Un aspecto sobresaliente del foro fue la reflexión de que cuando la ciudadanía es víctima de extorsión responde con los elementos que tiene ante este delito, al enfrentarse a una situación donde la amenaza y el amedrentamiento están presente, es poca o nula la capacidad de defensa; por el contrario, las potenciales víctimas son presas del miedo, y es en esa situación donde los victimarios, “profesionales de la actuación” encuentran su nicho de oportunidad.
Cuando la modalidad es la extorsión telefónica, por lo general las víctimas reciben un mensaje que los alerta sobre el secuestro que alguno de sus seres queridos, es ese el justo momento en que por temor a que los delincuentes atentan contra la integridad
física del supuesto “familiar secuestrado”, aceptan las condiciones impuestas por los extorsionadores. Entonces se inicia un lapso de “tortura psicológica” orquestada por el extorsionador para lograr su objetivo criminal.
En los casos de sextorsión, supone el chantaje por parte de un delincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas que tiene de ella. O cuando mediante las redes sociales se pretende adquirir algún contenido erotico-sexual ofrecido; además del miedo a la amenaza, aparece la vergüenza de la víctima por participar de ese tipo de prácticas, por lo mismo prefiere no denunciar por temor a ser expuesto.
El miedo y la vergüenza llevan a un proceso de autoflagelación de la víctima que los implica en contexto donde los delincuentes salen ganando. Ante ello, faltan capacidades institucionales para revertir los efectos inmediatos de la amenaza que por lo general se aplica con éxito para lograr la extorsión.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
