Por: Luis Jorge de la Peña
En un estudio dedicado a analizar la relación entre criminalidad y derechos, Luis González Placencia y Ricardo Gluyas Millán (2006) reflexionan acerca del papel del derecho penal en la actualidad. En el texto los autores indican que el sistema de justicia penal se ha visto sujeto a políticas de seguridad pública dirigidas a proteger a las grandes corporaciones mercantiles y los espacios que valoran como oportunos para invertir.
El análisis señala que la seguridad pública ha sido instrumentalizada por los propios mercados (legales) para el control de otros mercados (los ilegales, como la piratería, el contrabando, el narcotráfico, etc.) en una relación de competencia. Se hace alusión a la lucha contra el narcotráfico como un parteaguas que define el escenario de confrontación entre estos dos sectores mercantiles y en donde las políticas de seguridad funcionan como herramienta para ampliar las posibilidades de intervención en espacios en los que los mercados ilegales tienen mayor injerencia.
En ese sentido, la crítica se dirige a señalar que el sistema de justicia penal, a través de las estrategias de seguridad pública actuales, ha dejado de proteger a los ciudadanos como sujeto de derechos. Por el contrario, lo que vivimos en la actualidad con la lucha contra la delincuencia organizada es la protección del “público”, entendiendo este como el ejército de potenciales consumidores.
Y es que la crisis de violencia por la que transitamos en México, hace evidente que algo, si no todo, falla con las prioridades con las que se eligen y diseñan las estrategias de seguridad que se han puesto en marcha en los últimos sexenios. La apuesta por la militarización y el poco valor que tiene la vida de las víctimas son muestra de que se ha optado por un control estratégico de los territorios y sus recursos más que por quienes viven en ellos.
Otro síntoma que confirma que nos acerca a la comprobación de esta hipótesis es la poca importancia que para el Estado Mexicano ha tenido el contar con un sistema de justicia efectivo que contraste los altos índices de impunidad. Para 2021 se ha observado que el 90% de los delitos nunca se denuncian, solo una tercera parte de los que sí son denunciados se investigan, menos del 16 % de los casos investigados se “resuelven” y hasta el 85% de las personas que han sido enviadas a prisión por actos delictivos continúan privados de libertad sin una sentencia firme (Human Rights Watch, [HRW], 2022).
En resumen, es esencial el cambio de paradigma respecto a la justicia y la seguridad en México en el que se abandone una perspectiva belicista y punitivista del sistema penal, para transitar a uno que privilegie la justicia social en un contexto de emergencia por la violencia. En ese sentido, el Estado debe concebirse como un corpus institucional que se constituya como garante de los derechos de las personas y no como un gestor del presupuesto público para la dotación de bienes y servicios.
Así mismo es apremiante que se reconozca que en México existe un conflicto social de gran envergadura, cuyas consecuencias han llegado a tocar fibras internas del tejido social y que requieren de una intervención a nivel social y no solo a instancias de lo político. Esto implica aceptar que el daño que se ha generado a nuestras comunidades es profundo y complejo y que las soluciones no serán ni fáciles ni inmediatas, por lo que las propuestas que realicen los futuros gobiernos no deben caer en el aventurerismo político al que las cúpulas del poder están acostumbradas.
En resumen, el país no requiere más de estrategias de “seguridad” si no de un pacto social de paz en el que las y los ciudadanos sean los protagonistas. Es momento de que los poderes públicos y privados dejen de ver a las personas como objetos de consumo y vuelvan a mirarlos como sujetos de derechos.
@LuisJorgeDeLaP1
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
Referencias.
González Placencia Luis et al. (2006). Criminalidad y Derechos: Paradojas en el Contexto de la Interacción Contemporánea entre Estado, Individuo y Mercado. En I. Rivera et Al (Ed), Contornos y Pliegues del Derecho, 1ª ed. pp. 371-385.
Humans Rights Watch. (2022). Informe Mundial 2023. https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/mexico
