Por: Paola Odiardi

La cifra negra en Ciudad de México durante la pandemia por COVID-19 fue del 92.6%.1 Esto significa que de cada 100 delitos que ocurrieron, 19 fueron denunciados; pero de estos únicamente siete iniciaron alguna investigación. Las principales razones por las cuales el Ministerio Público no inició una carpeta de investigación fueron porque no existían pruebas (en el 26.4% de los casos) y por actitud o desinterés de las autoridades (23.1%).

Estas razones se relacionan con los principales motivos por los cuales las personas no acuden al Ministerio Público a denunciar. De acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad en Alcaldías de la CDMX 2020 (ENVA-CDMX) llevada a cabo por el Observatorio Nacional Ciudadano, el 54.8% de los encuestados no denunció por razones atribuibles a la autoridad: pérdida de tiempo (en el 27.2% de los casos), desconfianza en las autoridades (14.9%), trámites largos y difíciles (10.6%) y actitud hostil de la autoridad (2.1%).

Estas estimaciones no varían mucho por alcaldía. En las alcaldías con menor cifra negra se detectó que la mala percepción sobre el proceso de denuncia se mantiene igual que en las zonas con menor recepción de denuncias. Por ejemplo, en Venustiano Carranza –la alcaldía con menor cifra negra en el periodo del levantamiento de la encuesta– la cifra negra fue del 89.8%. Lo que equivale al 22.6% de los delitos denunciados, de los cuales solo 10.2% procedió a la apertura de una carpeta de investigación.

En contraste con el porcentaje de la capital, en Venustiano Carranza el 65.3% de los encuestados no denunció por razones atribuibles a la autoridad. No es sorpresa que los Ministerios Públicos se encuentren rebasados para atender, siquiera, el 19% de las denuncias que reciben en Ciudad de México.

Asimismo, la institución que peor fue evaluada por las y los ciudadanos de Ciudad de México fue el Ministerio Público, a pesar de que el 44.7% de los denunciantes reportan haber recibido un buen trato.

Los datos de la ENVA-CDMX apuntan a que los procesos de denuncia tardaron en la mayoría de los casos un tiempo de cuatro horas en adelante y, asimismo, en más del 50% de estos eventos no se le dio seguimiento al delito; en el mejor de los casos, el estatus de las carpetas de investigación aún se encuentran en trámite.

Los resultados de estos procesos se originan, en parte, por la saturación del trabajo en los Ministerios Públicos. La capital de México cuenta con apenas 13.06 agentes y/o fiscales del ministerio público estatal por cada cien mil habitantes, de acuerdo con la información de Recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de INEGI (2016). Sin embargo, se trata de un número de personal superior al promedio nacional.

Adicionalmente, los agentes no cuentan con un sistema de proceso de captura de información digital eficiente. La captura se realiza en la mayoría de los casos en papel y puede tardar días o incluso meses en capturarlos en línea.2 Este procedimiento dificulta que se pueda cruzar información de las distintas carpetas, y que ayude en la investigación del delito.

Por lo tanto, de acuerdo con los propios entrevistados de la encuesta, los rezagos en el sistema ministerial podrían ser solventados añadiendo servicios de asesoría jurídica, proporcionando información sobre sus derechos como víctimas y un sistema que les proporcione protección de su identidad e integridad física.

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano.
@prensapensada

1 La Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad en Alcaldías de la CDMX 2020 (ENVA-CDMX) se levantó dentro del periodo del 15 de octubre al 23 de noviembre de 2020, con el objetivo de estimar el número de personas que sufrieron victimización delictiva de enero a septiembre de 2020.

2 Ríos Cázares, Alejandra, Sistemas de información de los ministerios públicos con perspectiva de género, CIDE, 2013.

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