Por: Gerardo Bonilla Alguera
Doce años han pasado desde que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) acordó crear una red nacional de 32 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE). En 2011 solamente el Distrito Federal contaba con una instancia de este tipo. En el documento que respalda esa decisión colegiada se estimaba que alcanzar esta meta costaría alrededor de 248 millones de pesos (Acuerdo 05/XXXI/11 del CNSP).
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al finalizar la administración federal 2006-2012 apenas se habían constituido las UIPE de Colima, Estado de México, Querétaro y Zacatecas. En el sexenio 2012-2018 la implementación de las UIPE se catalogó, junto con otros 16 proyectos en materia de seguridad, como “programa con prioridad nacional”. Ello permitía el acceso a recursos del FASP para equipamiento e infraestructura de las UIPE.
En 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) celebró la “Primera Reunión Nacional con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las Entidades Federativas”. Ahí se dio por cumplido los establecido en el Acuerdo de 2011 del CNSP. Las UIPE fueron presentadas como instrumentos de una política anticorrupción orientada prevenir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita (Comunicado de la UIF No. 006 de 2019).
Sin embargo, la evidencia documental indica que algo falló en el cumplimiento de la meta. El 6 de de mayo de 2022 la Coordinación Nacional de Unidades de Inteligencia de la UIF publicó una serie de lineamientos de un subprograma para el fortalecimiento y/o creación de las UIPE. En dicho docimento se definieron tres objetivos: a) establecer un modelo único; b) desarrollar las capacidades locales; y c) impulsar la generación y uso de información de inteligencia para mejorar las decisiones de seguridad pública y procuración de justicia.
En otras palabras, lo que buscaba la UIF era homologar el diseño de las UIPE, capacitarlas y verificar que la armonización legislativa se culminara para empezar a operar en coordinación con las policías y las fiscalías. Además, definieron un plazo de dos años para cumplir con los establecido en el subprograma. Es decir, la red de UIPE todavía no estaba completa ni en operación.
Para verificar esta información en el ONC nos dimos a la tarea de indagar cuál era el estatus actual de la red UIPE y, de ser posible, evaluar su desempeño. El principal hallazgo fue que hasta el año pasado solamente 26 entidades federativas habían tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 27 UIPE contaban con un marco jurídico propio. Apenas 11 Unidades habían recibido capacitación, pero solamente el 29.5% de los cursos impartidos versaban sobre lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sobre el trabajo sustantivo que deben desempeñar las UIPE los hallazgos son negativos. No hay colaboración con las fiscalías que permita el inicio de carpetas de investigación, no hay intercambio de información de inteligencia con la UIF ni con las otras UIPE, no hay coordinación con autoridades locales ni federales que permita acciones de extinción de dominio o detenciones.
En suma, la creación de esta red nacional de UIPE ha representado un esfuerzo infructuoso para el Estado mexicano. No sabemos con precisión qué tan costoso, pero la evidencia disponible sugiere un fracaso transexenal de política pública. Así lo hemos documentado en el estudio del Observatorio Nacional Ciudadano “Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados” presentado el pasado 14 de septiembre. Invitamos a nuestras lectoras y lectores a revisarlo.
@Ger_Bonilla
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
