Hay términos que tienen momentos de gloria, que gozan de fama en el mundo de la academia y logran transitar al de los medios de comunicación, luego, por el uso indiscriminado, declinan, no porque su empleo se torne anodino, más bien porque su significado se diluye en el peor de los limbos: en el que quedan arrumbadas las palabras que por haber sido soberbias perdieron lustre, convertidas en cliché. Una cuyo caso puede ser paradigmático es: agenda, especialmente por una de las acepciones que la Real Academia le tiene deparada: “relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona o de una organización en un periodo”.
Con cuanta solemnidad solía decirse: la agenda pública; tal o cual autoridad marca la agenda o las campañas electorales tendrán de protagonistas los puntos relevantes de la agenda. En las elecciones de 2018, Jalisco Cómo Vamos tomó la iniciativa de recuperar las propuestas específicas de los contendientes a algún cargo de elección popular, lo llamamos El Ofertódromo: las promesas de quienes anhelaban ser gobernador, alcaldes (algunos), presidente de la República, diputados locales y federales, además de las y los aspirantes al senado. 2,134 ofertas en total.
Quienes analizaban y la opinaban sobre aquel proceso electoral, coincidían en que los temas que destacarían en la agenda de los candidatos serían seguridad y economía. Era el centro de lo que la gente quería que cambiara, para bien. Lo sorprendente fue que predominaron, en el mercado de las campañas, los productos que prometían reestructurar los gobiernos; seguidos de los artículos para la economía y luego los de seguridad. Los temas que calificamos como transversales, género, corrupción y poblaciones indígenas, quedaron en los anaqueles del fondo, en ese orden.
Una vez pasadas las elecciones, de 2018 a la fecha, la mentada agenda pública no es una, son dos, aunque los estudiosos de la comunicación afirmen que el presidente marque la de todos. Una corresponde a los gobernantes, empeñados principalmente en la reingeniería de las instituciones, en sus atribuciones, con la mirada puesta en sus opositores. Otra, la principal, la de las y los ciudadanos, con la mirada puesta en su integridad física, en las de sus cercanos, y en sus casas, automóviles, carteras y celulares.
Ambas listas de prioridades se han distanciado: unos afirman que en seguridad todo va mejor y desestiman el punto de vista de los gobernados, en consecuencia, la inseguridad no merece el mejor espacio en sus discursos ni en los programas que impulsan ni en el presupuesto. Los otros saben que la política pública dispuesta para su supervivencia, o al menos para no perder su patrimonio, se llama: sálvese quien pueda, como pueda.
El trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano y sus aliados, uno de ellos Jalisco Cómo Vamos, busca poner en su dimensión correcta el fenómeno de las violencias, de la inseguridad, para que quienes tienen la responsabilidad de atender estas materias se hagan cargo del estado que guardan y de la relevancia que tienen para la sociedad. Ante la elocuencia de los datos que revelan la realidad peligrosa, ajena al estado de derecho y a la paz, en la que se desenvuelve las personas, y la respuesta de las autoridades, parece que cada cual apunta a horizontes distintos.
Del lado de la agenda de las mujeres y los hombres en México, quizá también la prioridad varió: el punto número uno, no explícito, consiste en acostumbrarse y adaptarse al clima que imponen los criminales. Se supone que en democracia la gente llega a tener cierto control sobre el destino de los asuntos públicos; por acá ni siquiera hay acceso para inscribir de manera preminente el miedo, el coraje, el dolor, en esa noción devaluada: la agenda pública.
@jaliscomovamos
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