José Francisco Vázquez Cárdenas
“El conocimiento es poder”, esta frase se ha vuelto el grito de batalla en la lucha por mejorar nuestro entorno. En la actualidad, puede interpretarse como la utilización del conocimiento como un mecanismo que permita el ejercicio del poder de manera democrática y reconocer la responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad para que éste funcione como un elemento democratizador, no divisorio.
Una de las problemáticas sociales que se ha vuelto más evidente por la pandemia de COVID-19 es la proliferación de fuentes con información cuestionable en infinidad de temas. Si bien esta situación no es nueva o exclusiva de la crisis de salud actual, se ha vuelto representativa de la situación general sobre el acceso que la sociedad tiene a la información.
Los medios digitales han servido como un agente de difusión de este tipo de información y han ocasionado otros problemas con alcances que trascienden del ámbito de la salud pública. Esta situación, a su vez, ha generado nichos de oportunidad para la explotación de la confusión resultante.
Lo anterior por sí solo representa un enorme problema para el ejercicio del derecho a tomar decisiones en casi cualquier ámbito. Pero la problemática se ve exacerbada al considerar que el conocimiento en sí mismo se ha vuelto objeto de aseveraciones o juicios infundados que no sólo buscan cuestionar su validez, sino también modificar la percepción que se tiene sobre la ciencia en general.
El conocimiento científico puede utilizarse como un medio para alcanzar determinados fines, por lo que su cuestionamiento se vuelve esencial para garantizar la objetividad de sus resultados. Sin embargo, esta dinámica ha adquirido matices que no buscan preservar su integridad, sino obtener un beneficio del desconcierto resultante. Desafortunadamente, esta situación ha dejado de ser algo exclusivo del entorno privado y se ha vuelto parte del actuar público.
Actualmente, la ciencia tiene un color y afiliación a un extremo del espectro político; se ha vuelto un componente del debate sobre la igualdad. Sin embargo, esta calificación generalmente se asocia con las cúpulas de poder y los mecanismos que éstas emplean para oprimir a la población. En consecuencia, negar determinados hechos se ha vuelto una manifestación de inconformidad respecto de la situación social contemporánea.
Realizar acciones motivadas por este tipo de aseveraciones -como negarse usar cubrebocas por ser “restrictivo de derechos individuales e ineficiente” o ignorar la realidad de la violencia en contra de grupos discriminados- se ha vuelto un acto de resistencia al statu quo, incluso si la información contra la que se manifiesta inconformidad se encuentra fundada en estudios metodológicamente válidos.
Es importante mencionar que cada individuo tiene el derecho de oponerse a cualquier medida, acción u omisión, ya sea de autoridades o de entes privados. Incluso pueden estar fundadas en razones legítimas, por lo que coartar ese derecho representaría una violación grave a los principios consagrados en las normas.
Sin embargo, la tendencia actual de este tipo de resistencias parece sustentarse en la presencia de información alternativa que, a los ojos de quienes la defienden, pareciera ser más correcta por tratarse de una fuente que no tiene filiación con alguno de los grupos que se perciben como beneficiarios de esta forma de “tiranía de las élites”. Esta situación se agrava aún más si existen posicionamientos oficiales que fomentan este tipo de actos como una forma para desestabilizar el entorno político o social.
Este tipo de comportamiento puede resultar riesgoso, particularmente en tiempos de crisis, y requiere que se realicen esfuerzos para recuperar la confianza de la colectividad en las instituciones encargadas de generar dicho conocimiento. Se debe de garantizar que la sociedad cuente con las herramientas necesarias para comprender la realidad en la que vive, las implicaciones de las acciones que se tomen y las consecuencias de estas.
Lo anterior representa uno de los retos más importantes a los que se enfrenta cualquier Estado. Los obstáculos que impiden el acercamiento entre la población y el conocimiento sobre aquellos aspectos de la vida pública que les impactan son variados y se relacionan con otros ámbitos que no son sencillos de superar.
A pesar de lo anterior, resulta imperioso que esta concepción del conocimiento como un elemento antidemocrático se reoriente hacia una exigencia del mismo como un derecho de la población. La única forma de “conocer” nuestra realidad y tomar decisiones de manera informada requiere de un entendimiento básico de lo que implica “hacer ciencia”.
Ya sea información sobre los mecanismos de transmisión y prevención del COVID-19, cifras sobre la incidencia delictiva o la forma en la que operan los principios generales del sistema de justicia; es necesario que la población tenga acceso a información clara, confiable y objetiva. La existencia de estos mecanismos es la que permitirá que las decisiones que se tomen atiendan a las necesidades de quienes originariamente detentan el poder; sin filiaciones políticas y con conocimiento de primera mano.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@jfvc27
CONSULTA:
Departamento de Evidencia e Inteligencia para la acción en salud. UNDERSTANDING THE INFODEMIC AND MISINFORMATION IN THE FIGHT AGAINST COVID-19. Organización Panamericana de la Salud (PAHO). 2020. Fecha de consulta: 27 de julio de 2020. [En línea] URL: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf?sequence=14
AFP. LAS FAKE NEWS MÁS VIRALES SOBRE EL COVID-19. El Universal. 01 de julio de 2020. Fecha de consulta: 27 de julio de 2020. [En línea] URL: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/informe-detalla-las-fake-news-mas-virales-sobre-el-covid-19
ROOZENBEEK, J. & VAN DER LINDEN S. THE FAKE NEWS GAME: ACTIVELY INOCULATING AGAINST THE RISK OF MISINFORMATION. Departamento de Psicología, Universidad de Cambridge. Fecha de consulta: 27 de julio de 2020. [En línea] URL: https://www.cam.ac.uk/sites/www.cam.ac.uk/files/fakenews_latest_jrr_aaas.pdf
Componente del derecho a la libertad de expresión, contenido en el artículo 6 constitucional.
LARSON, Heidi. THE BIGGEST PANDEMIC RISK? VIRAL MISINFORMATION. Nature. Fecha de publicación: 16 de octubre de 2018. Fecha de consulta: 27 de julio de 2020. [En línea] URL: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07034-4
