Jorge Monterrubio Salazar
A finales del año pasado el Senado de la República solicitó una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poder legislar sobre el uso recreativo de la marihuana. La cámara alta tiene como fecha límite el 30 de abril para legislar o de lo contrario la SCJN declararía como inconstitucional los artículos que lo prohíben, lo cual prácticamente obliga al Senado a tomar cartas en el asunto.
No obstante, aún no queda claro en qué consistirá la regulación porque depende de las discusiones que se lleven a cabo en el pleno los próximos días. El dictamen para discutir contempla lineamientos generales para la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización.
De lograrse una correcta regulación, se pueden obtener beneficios sociales importantes ya que esto no solo involucra el permitir el consumo, involucra muchos más rubros que muchas veces perdemos de vista como ciudadanos y por ello considero que puede ser esta una de las razones por la cual en México la mayoría de la población está en contra de que se legisle sobre el tema.
Según la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019 el 45.2% está a favor del uso medicinal y recreativo, no obstante, de este porcentaje 2 de cada 3 personas su principal razón de aprobación es únicamente debido al rubro medicinal. Por tales motivos, intentaré rescatar algunos beneficios que pudiera traer la regulación del cannabis para la población en general.
Primero, una regulación inteligente debería sin lugar a duda reducir el tamaño del mercado negro. Para lograrlo, se debe si o si permitir la entrada de la iniciativa privada para promover la competencia entre los distintos comercializadores y de esta forma conseguir precios de mercado que puedan competir contra los que actualmente operan. Si el precio de la marihuana regulada es mayor a la del mercado negro, lo más probable es que siga existiendo marihuana ilegal, aunque fuese en proporciones menores.
En el dictamen, se contempla la creación del Instituto Mexicano del Cannabis. Para lograr un libre mercado habrá que revisar con qué facultades y capacidades operativas contaría el Instituto y qué tanto intervendría en el mercado, ya que una regulación excesiva podría no permitir que la oferta y la demanda determinen precios competitivos, lo que llevaría inevitablemente a la continuación del mercado negro e implicaría una carga fiscal adicional.
La población que está en contra de la regulación pierde de vista también los beneficios recaudatorios que puede traer para el país. Actualmente la marihuana que se consume en México únicamente proporciona dinero a las organizaciones criminales cuando, por el contrario, sería preferible arrebatar este mercado o una parte de este a estos grupos e implementar impuestos que permitieran al gobierno obtener beneficios fiscales adicionales.
Un ejemplo que sustenta lo anterior es el estado de California en los Estados Unidos. El departamento de Impuestos y Administración de Cuotas del estado reportó durante el primer trimestre del año 2018 ingresos por más de 60 millones de dólares, esto se logró implementando dos impuestos principales, uno aplicado a los compradores y otro a los agricultores.
Una mayor recaudación por parte del gobierno puede traer beneficios sociales importantes ya que esto podría permitir en un futuro el aumento en la inversión pública, o incluso se podría usar en los distintos programas sociales conforme vaya creciendo este nuevo mercado.
Por el lado internacional, México podría exportar marihuana de primera calidad a países que demandan en enormes cantidades, un ejemplo es Canadá que recientemente implementó leyes de regulación sobre el cannabis. Según la BBC, las ventas legales de la flor de la planta aumentaron de 4,405 kilos en octubre de 2018 a 11,707 kilos en septiembre de 2019 y la industria de la marihuana en Canadá hoy tiene un valor de US$5,500 millones que representa un 0.3% del Producto Interno Bruto del país.
Por otro lado, he escuchado en múltiples ocasiones que por regular la marihuana no se va a terminar con el narcotráfico ni reducirá la incidencia delictiva y probablemente así sea. Sin embargo, al regular este mercado, el Estado puede posteriormente elaborar estrategias que prioricen la persecución penal para los delitos de mayor impacto social en lugar de estar decomisando cantidades infinitas de marihuana ilegal y saturando las procuradurías y fiscalías estatales con cientos de carpetas de investigación por narcomenudeo por posesión simple.
Otro de los argumentos que he escuchado, es que, al permitir el consumo, la gente comenzaría a consumir más y más sin parar y que esta sería la puerta para legalizar otro tipo de drogas en el futuro. Por ello, es importante aclarar que la regulación debe estar acompañada de campañas de concientización basadas en la evidencia sobre los efectos que esta planta puede causar a la salud, lo cual también ayudaría a ir diluyendo la estigmatización de los usuarios.
Dicho lo anterior, el punto central de regular no es promover el consumo, aunque haya grupos que así lo quieran ver. Como sociedad debemos tomar en cuenta todos los beneficios que esta planta puede traer e informarnos lo mejor posible antes de caer en prejuicios. Al igual que el cigarro o el alcohol depende de cada uno decidir si lo consume o no, pero inevitablemente su correcta regulación traería beneficios sociales que no podemos perder de vista. No se trata de regular por regular, se trata de hacerlo inteligentemente para sepultar décadas de oscurantismo.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@Jorgemonsa7
