Jessica Lechuga Huerta
Todo parece indicar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se legalizará el consumo y uso de la marihuana en el país. Existen algunas pistas que nos permiten pensar lo anterior. Por ejemplo, durante la campaña electoral, la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo referencia a su posible regulación. Además, el eje cinco del Plan Nacional de Paz y Seguridad busca “reformular el combate a las drogas”, propuesta que se recupera en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente.
El razonamiento detrás de estos documentos es la insostenibilidad de una política prohibicionista ya que esta ha dado como resultado incrementos importantes en la violencia y no hay evidencia para afirmar que existe una mejora en materia de salud pública. Asimismo, en ellos se ha planteado que la posible legalización de la marihuana tenga un componente de justicia social, ya que permitirá reparar las vulnerabilidades que comunidades campesinas, mujeres y jóvenes han sufrido por el prohibicionismo.
Además de estas referencias en el actual ejecutivo federal y del liderazgo que la Secretaría de Gobernación ha llevado sobre el tema —ya que el presidente ha procurado no posicionarse al respecto—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado amparos que crean jurisprudencia. Con ellos, se reconocen los derechos de las personas asociados al uso de la marihuana para objetivos tanto medicinales como de uso adulto. Inclusive, ha declarado inconstitucionales 5 artículos1 de la Ley General de Salud. Lo anterior debido a que la prohibición es una contradicción de facto entre derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación general en el país.
Con base en estos 5 artículos — ahora inconstitucionales—, se justificó y promovió una cultura de criminalización hacia las poblaciones vulneradas por detenciones arbitrarias, erradicaciones de plantíos y decomisos. De esta manera se creó una crisis de derechos humanos y se habilitaron espacios de oportunidad para la corrupción y el abuso del poder público.
En una decisión inédita, la SCJN otorgó una prórroga de seis meses al proyecto de ley para legalizar el uso y consumo de la planta, por lo que la fecha límite se aplazó del 30 de octubre de 2019 al 30 de abril del 2020. Esto representa un gran paso para la creación de una industria cannábica, pero también un riesgo para el acaparamiento de la misma. Ya que, como han mencionado los expertos, el tiempo otorgado es bastante para que las empresas extranjeras puedan hacer lobbying y ver reflejados sus intereses en la nueva legislación.
Sin embargo, existen diversas lagunas en las propuestas que se han planteado hasta ahora. Por un lado, es importante no perder de vista que una de las razones principales para promover la legalización fue mejorar la justicia social y evitar que poblaciones vulnerables se conviertan en víctimas de corrupción y violaciones de los derechos humanos; lamentablemente, no hay evidencia de que existan las bases para su inclusión efectiva en la industria. Por el otro lado, con el fin de armonizar las nuevas prácticas, el discurso y la política pública con el paradigma de la regulación, aún no se ha contemplado la repercusión política y legal que tendrá la legalización en los Códigos Penales estatales.
En este sentido, será toral la decisión que tome el Congreso respecto a las formas y los fondos de la regulación. Con la creación de la nueva industria se debe contemplar las reparaciones del daño individuales e históricas de la guerra contra el narcotráfico y el prohibicionismo de esta planta. Sobre todo, se debe tomar en cuenta no sólo el impacto de la industria en la vida cotidiana del país sino el tema de raíz del cual se desprende: el de la seguridad.
Por lo que se necesita contemplar el tipo de protección que se les daría a aquellos campesinos coartados por el crimen organizado en las sierras donde es posible el cultivo de la planta. Asimismo, tampoco se contemplan candados de inclusión para las comunidades ya vulneradas.
Entonces, ¿de qué forma velará el previsto Instituto Mexicano del Cannabis por los históricamente vulnerados? ¿Cómo sería la reparación del daño y la inclusión a esta industria? ¿Qué pasará con todos los casos en los que por narcomenudeo han sido detenidos, contemplando víctimas directas e indirectas de la detención? La búsqueda de respuestas a este tipo de preguntas ha propiciado movimientos ciudadanos que velan por terminar con la estigmatización prorrogada y que abogan por una pronta #RegulaciónPorLaPaz.
México tiene ante sí una gran tarea que resolver con ojo crítico y humano. Si bien todo es perfectible, se debe iniciar con una base que recupere el argumento inicial de la legalización: la justicia social y humana. Sobre todo, que encuentre sus raíces en la salud pública como referente y que limite la estigmatización que ahora impacta nuestra sociedad.
Debemos transitar a una política pública basada en evidencia, que sea incluyente, evaluable y capaz de responder a las necesidades específicas del contexto nacional.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@yei_lechuga
