Manuel Vélez y Doria Vélez
Hace apenas unas semanas trascendió la noticia de que México fue clasificado en la lista de alta prioridad de países del Reporte Especial 301 publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). Desde hace más de 20 años, México formaba parte de la lista regular, es decir, aunque presentaba ciertos problemas en materia de propiedad intelectual, estos no eran tan críticos para el gobierno de los Estados Unidos. Este no es el momento más oportuno para estar en la lista negra debido a las tensiones políticas y comerciales. Sin embargo, no nos deberían sorprender los motivos por los cuales estamos en esta delicada situación.
Desde hace algunos años, la aplicación de la ley frente a los delitos cometidos contra la propiedad intelectual está en coma. El mismo reporte de los Estados Unidos ha referido como parece existir una prohibición dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para no investigar estos delitos. Pero, una investigación que realicé gracias al fondeo del Center for Anti-Counterfeiting and Product Protection (A-CAPP) de Michigan State University (MSU) muestra que los motivos son mucho más complejos y sus efectos, aún más preocupantes.
Las carpetas de investigación por delitos cometidos contra la propiedad industrial y los derechos de autor disminuyeron en promedio 30% y 77% al comparar los periodos de 2012 y 2017 con los de 2018 y 2023. El último dato que se conoce gracias a solicitudes de información señala que entre 2019 y abril de 2023, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial formuló la imputación en 38 carpetas de investigación. Menos del 1% de las carpetas de investigación por estos delitos alcanzaron una sentencia en primera instancia.
¿Cómo llegamos a esto? Lo que encontramos fue que el surgimiento y persistencia de instituciones en uso, entendiendo estas como reglas, normas y estrategias que en la práctica gobiernan los sistemas sociales independientemente de su origen formal o informal, generaron un equilibrio de tolerancia hacia las conductas delictivas en contextos específicos.
La institución que detonó la inaplicación de la ley apunta hacia una orden directa desde los niveles jerárquicos superiores al interior de la FGR hacia los niveles más bajos que inhibieron las investigaciones por estos delitos incluso bajo amenazas directas. Esta regla es vista por los especialistas consultados como el resultado de la alineación entre la
política criminal de la FGR y la orientación programática del gobierno federal orientada hacia la protección del sector informal de la economía.
La ejecución de esta regla resulta más notoria ante conductas que ocurren en lugares como mercados notorios, vía pública o establecimiento ubicados en presuntas zonas de alto riesgo. En estos lugares, resultaba prácticamente imposible realizar alguna acción como un cateo. Sin embargo, esta regla parece no impactar en procesos que ocurren en frontera los cuales siguen siendo efectivos en buena parte de los casos.
Esta regla por sí misma es incapaz de explicar todo el descenso de la actividad judicial. Otra institución en uso que impacta en la intensidad de la aplicación de la ley se refiere a los criterios de titulares de derechos de iniciar acciones legales en materia penal tales como la temporalidad, la geografía, el presupuesto disponible, el volumen, el tipo de artículo, desconocimiento sobre la materia penal, malas experiencias previas con el sistema judicial, entre otros. Estos factores conducen a que sean pocos los titulares de derechos que consistentemente inician acciones y que, por ende, la autoridad se muestre renuente a investigar estos asuntos.
Si una investigación alcanza una etapa procesal más avanzada, surgen otras instituciones en uso que dificultan los procesos de aplicación de la ley. Estos se refieren a las prácticas periciales de análisis comparativo entre bienes, así como las políticas de centralización y descentralización de casos en las áreas encargadas de estos procesos dentro de la FGR.
Puede que salir de la lista negra sea un aliciente para que el gobierno de México tome en serio la piratería, pero no debería ser un objetivo en sí mismo regresar a la lista regular para salir del problema. La investigación muestra que los efectos de mantener esta tolerancia pueden ser duraderos, más cuando ya se ha desvalorizado tanto la protección de los derechos de propiedad intelectual a través del derecho penal y se ha consolidado un orden social y políticos en el que se incentivan estas conductas.
Miembros del Consejo de Investigación de A-CAPP
Doria Vélez
Directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
