Quien haya viajado durante estas vacaciones de Semana Santa, ya sea por aire, tierra o mar, habrá notado la presencia de la Guardia Nacional (GN) vigilando, con los rifles en la mano, en todo momento. Con uniformes militares, mandos militares, equipo y armas militares y, por supuesto, personal con entrenamiento y experiencia dentro del ejército,1 esta corporación “civil” continúa creciendo.
A finales del año pasado, Animal Político dio a conocer un plan de SEDENA, que busca poner a elementos de la Policía Militar, que han sido asignados temporalmente a la GN, en control de la seguridad para aeropuertos y carreteras para mediados de este año mientras que otras aduanas quedarían bajo control del ejército o la marina.2 Para un gobierno que prometía el cambio y la desescalada del conflicto, esto implica una continuidad con la política de seguridad de los gobiernos que le preceden.
Sin duda, el diagnóstico del problema por parte del gobierno actual fue correcto. Era necesario de alguna forma reformar la malnutrida y corrupta Policía Federal y también reorientar la mal planteada política de seguridad interna de los gobiernos anteriores. Desgraciadamente, la receta preparada por el gobierno es incorrecta.
Al escalar el conflicto, aumentar el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad interna y sustituir instituciones civiles por instituciones militares –lejos de brindar una salida rápida al conflicto–, empeora la seguridad ciudadana. La militarización de la seguridad interna tiene al menos dos grandes consecuencias. Primero, lleva a un mayor grado de violencia e inseguridad. Segundo, implica causar continuamente violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno federal ha respaldado esta decisión bajo la premisa de que dicha intervención ha contribuido a un freno a la violencia y, si bien, los homicidios han disminuido ligeramente desde su máximo histórico en 2019, no es claro aún que ello continúe y que represente el comienzo de una nueva tendencia a la baja.3 En contraparte, otros delitos han aumentado de forma considerable, sobre todo aquellos que atentan principalmente contra la seguridad de mujeres como las violaciones, la violencia familiar y los feminicidios, que alcanzaron un máximo histórico en 2021.4
Por otra parte, desde su creación, han existido acusaciones continuas de violaciones de derechos humanos por parte de la guardia. El año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició 504 expedientes en donde se señalaba a la GN como presuntamente violatoria de derechos humanos.5 Cabe destacar, estos son solamente los casos que se han presentado ante la CNDH en donde han abierto un expediente. El número real de violaciones es probablemente mucho más alto. Retención ilegal, tortura, desapariciones forzadas y privación de la vida son algunas de la consecuencia de la militarización.
La Ley de la Guardia Nacional no contempla que esta sirva solamente para combatir al narcotráfico, también es responsable de la seguridad de las personas (y sus bienes) a nivel federal. El ejército, disfrazado de civil o no, está mal equipado para lograrlo. El propósito (y por ende entrenamiento y equipo) de un cuerpo militar es necesariamente distinto al de un cuerpo civil. No puede existir la paz en México hasta que se deje de pensar en la seguridad interna como una guerra. Para lograr la paz, necesario salir de lo militar y regresar a lo civil.
@pablosarap
