Justicia para el Pueblo Yaqui

El gobierno federal llevó a cabo la segunda sesión de diálogo con el pueblo yaqui o yoremes en la localidad de Vícam, en Sonora, a comienzos de agosto de este año. El propósito central de la reunión fue continuar con el Plan para la Justicia del Pueblo Yaqui, el cual considera entre sus acciones la restitución de tierras y agua, así como el desarrollo integral y cultural del pueblo yaqui, con la finalidad de reparar la deuda histórica con las comunidades indígenas en el país.

Los yaquis forman parte de los 68 grupos indígenas que habitan en territorio mexicano. Las últimas estadísticas del Censo Nacional de Población y Vivienda revelan que el número de indígenas en México suma 11 millones 800 mil 247 personas (9,4% de la población del país), de los que 14 mil 173 personas, corresponden a los yaquis (.12% de la población del país).

Sin embargo ¿cuál es la deuda histórica del Estado mexicano con los yaquis? Lo primero que quizás aparece en la imaginación cuando se piensa en los yaquis es un danzante, ataviado de sonajas, un adorno de venado en la cabeza y una faz cubierta. Lo segundo que se asoma en los escollos de la historia es la imagen del yaqui combativo por la defensa de su territorio y por su derecho a la autodeterminación y a la autonomía.

En la historia reciente se suman diferentes momentos en los que el Estado atentó contra la nación yaqui. Durante el porfiriato, por ejemplo, se les “reubicó” de manera forzada en las fincas henequeneras de Yucatán, a más de tres mil kilómetros de su nación. A pesar de la distancia, la lucha y persistencia de los yaquis permitió que poco a poco en tren, a caballo o caminando, regresarán y repoblarán sus comunidades de origen.

A ello se suma la afrenta que el gobierno de Álvaro Obregón, en su momento, tuvo contra la nación yaqui y la orquestación del etnocidio que por fortuna no se llevó a cabo. Sobra recordar que en aquel entonces el gobierno federal estrenó los aviones de la armada mexicana bombardeando la sierra yaqui.

Por otra parte, a finales de los años treinta, se ubican diferentes decretos del entonces presidente Lázaro Cárdenas que señalaban la expropiación de hectáreas de la comunidad yaqui, el desvió del cauce de los ríos que cruzan la nación y la ulterior venta de tierras a los yoris -mestizos-.

El Plan para la Justicia del Pueblo Yaqui, así como otros planes en los cuales el gobierno federal ha pretendido durante su actual gestión atender la cuestión étnico nacional, forman parte de la estrategia de resarcimiento de las tierras de las que fueron despojados los yaquis, y que actualmente están pobladas por mestizos y empresas. A su vez, el Plan brinda insumos que favorecen la calidad de vida de este grupo étnico; por ejemplo, con la entrega de 30 mil 200 hectáreas, y con la dotación de granos para la siembra en los terrenos de las ocho localidades que constituyen la nación yaqui.

La intención de dicho Plan es reconocer los derechos humanos y garantizar el desarrollo integral de este grupo indígena. Al margen de la restitución del territorio ancestral, prevalece que los yaquis señalan una parte del Mar de Cortés como propio y una isla como espacios que significan parte de su universo físico y simbólico, el cual se les ha privado desde hace siglos, y cuya restitución representaría una nueva etapa en el gobierno mexicano en la búsqueda de la reparación de la deuda histórica con los indígenas del país.

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