Carlos Iván Martínez
Cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) da a conocer las cifras de incidencia delictiva basado en la información que le reportan las procuradurías y fiscalías del país. La información referente a delitos del fuero común consiste en el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por 40 diferentes delitos, algunos de ellos detallados, incluso, en subdelitos y modalidades. El proceso de recopilación de esta información es una tarea titánica, considerando que proviene de 32 entidades federativas, cada una con instituciones, culturas y códigos penales diferentes.
El proceso de consolidación de información ha pasado por varios cambios y mejoras a través de los años hasta llegar a la metodología que se usa hoy en día, que ofrece datos consistentes desde el año 2015 para delitos del fuero común, a nivel estatal y municipal. Estos productos del SESNSP son la mejor fuente de información disponible no solo para los gobiernos sino para la iniciativa privada, las organizaciones civiles, la academia, los medios de comunicación y el público en general. De hecho, también sirve de insumo para el Reporte de Delitos de Alto Impacto que el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) elabora cada mes.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. El proceso aún requiere mejorar su transparencia y confiabilidad, ya que incluso este año, el Gobierno de la Ciudad de México interpuso una denuncia contra exservidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, acusándolos de haber “maquillado” las cifras de la incidencia delictiva local (1). Esto puede ser cierto o no, pero denota el complejo, opaco y discrecional proceso de clasificación de los delitos.
Sin embargo, es gracias a la información del SESNSP que podemos darnos una idea del lamentable estado de la seguridad pública en México, de cómo se ha venido deteriorando y de cómo vamos alcanzando cada mes récords históricos en la incidencia de tal o cual delito. Está pendiente la urgente tarea de revertir esta situación, la cual requiere la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes de la Unión, así como de todos los actores de la sociedad en general. Es una tarea del Estado (así, con mayúscula).
Tradicionalmente, se identifican distintos procesos en la tarea de brindar seguridad a la población por parte del Estado: prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia y readaptación social. El buen funcionamiento de esta cadena garantiza la contención del delito a niveles aceptables, pero diversos estudios indican que, en México, más del 90% de los delitos quedan impunes (2). Mejorar los procesos de la seguridad pública requiere herramientas que permitan un diagnóstico, análisis y seguimiento constante de cada uno de los procesos mencionados.
La información del SESNSP corresponde únicamente a la parte de procuración de justicia, específicamente a la de las carpetas de investigación iniciadas. No se incluye, por ejemplo, información de cuántas carpetas fueran abiertas por la presentación de un detenido en flagrancia por parte de la policía preventiva, cuántas fueron originadas de una denuncia ciudadana sin detenido o cuántas personas fueron detenidas por motivo de una investigación posterior a la denuncia. Hace falta la información precisa de todas las etapas: personas consignadas ante un juez por determinado delito, personas sentenciadas por el mismo, personas que cumplieron su sentencia, etcétera.
No quiero decir que la información no exista. Se puede encontrar alguna parte si se busca con paciencia, pero de ninguna forma estará consolidada, actualizada y sistematizada de la forma en cómo lo está la información del fuero común del SESNSP.
Incluso, la información de esta misma institución referente a delitos del fuero federal deja mucho que desear ya que las cifras están agregadas de acuerdo con la ley que tipifica los delitos.
Por ejemplo, aproximadamente el 12% del total de delitos federales de 2018 corresponden a los relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero no sabemos cuántos son por tráfico y cuántos por posesión. ¿Cómo saber entonces si se está combatiendo mejor o peor ese delito en 2019?
La información completa, oportuna y confiable en materia de seguridad es un insumo indispensable para la elaboración de mejores políticas en esa materia y mejorar su creación y sistematización, es una tarea que debe seguir ampliando y mejorando el SESNSP, aprovechando el camino andado y la experiencia ganada.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (3), del que depende el SESNSP, tiene la facultad de expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información. Esperemos que pronto se atienda esta urgente necesidad.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
1Fuentes, David y Hernández, Eduardo (24 de junio de 2019). “Investiga PGJ a 106 del gobierno de Mancera por “maquillar” cifras”. EL UNIVERSAL. Obtenido de: www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/investiga-pgj-106-del-gobierno-de-mancera-por-maquillar-cifras
2 “A nivel nacional, la probabilidad promedio de que un delito se denuncie y se resuelva efectivamente es de 1.3%” (CNDH, 2019). La impunidad por delitos generales en el país es del 99.3 por ciento (IGIMEX2018).
3Integrado por el presidente, el fiscal general de la república, los secretarios de gobernación, defensa, marina y seguridad y protección ciudadana, los 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
