Mario Maya
Existe un vínculo entre la incidencia delictiva y la dinámica de los mercados laborales que indica que la precariedad económica –laboral o por ingresos- puede inducir a los individuos a incurrir en actividades delictivas.
Diferentes estudios que analizan la relación entre estas dos variables (incidencia delictiva y precariedad económica), demuestran que la criminalidad está asociada con un deterioro en las condiciones del mercado de trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el periodo de octubre a diciembre de 2019, se sumaron 31.3 millones de personas al sector informal de las 57.6 millones que son parte de la población económicamente activa (PEA)[1]; es decir 54.3% de las personas que -por edad y condición- forman parte del mercado laboral, trabajan en la informalidad.
Obtener los insumos básicos a partir de las ganancias que se generan con el trabajo diario, hace difícil que las personas tengan capacidad de ahorro y, por lo tanto, no salir a trabajar no es una opción; incluso, cuando ello implica un riesgo para la salud personal y colectiva como lo es actualmente. Así, las condiciones del mercado laboral en México impiden que más de la mitad de la PEA tengan el privilegio de quedarse en sus casas por no contar con un ingreso garantizado.
Este contexto que impide, de manera estricta, la implementación y el seguimiento de las recomendaciones del Gobierno para combatir y detener la pandemia por el COVID-19, abre interrogantes importantes sobre cómo manejar un problema de salud pública que tiene fuertes repercusiones en la economía y la seguridad pública, y que, en opinión de muchos especialistas, seguramente serán más graves que los sufridos durante la crisis financiera de 2008-20092.
La CEPAL estima que los países de América Latina sufrirán una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67 a 90 millones. [2]
Según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), desde el 13 de marzo en México, la curva de contagios por coronavirus mostró un aumento y la de empleos un claro derrumbe. Desde entonces, cada día, y hasta el 6 de abril, se han perdido en promedio 14,500 puestos de trabajo hasta llegar a la cifra de destrucción de 346,878 trabajos formales.[3]
Existen estudios que han analizado el perfil de los imputados y que demuestran que, si bien quienes delinquen estaban empleados al momento de cometer el delito, el crecimiento de la criminalidad sí está asociado a un deterioro de las condiciones del mercado de trabajo.[4] Es decir, no se puede asegurar que el desempleo genera criminalidad; sin embargo, parece existir alguna asociación entre la calidad del empleo y la propensión a cometer delitos patrimoniales, como el robo.
Con base en este argumento y si se considera la suspensión de actividades de negocios que no atienden actividades de primera necesidad, es probable que el delito por robo a negocio aumente a medida que avanza la contingencia debido a que los locales quedan sin supervisión, tal y como sucede con el robo a casa habitación durante periodos vacacionales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas 2018, se estimó que para 2017, el costo monetario total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas (empresas y organizaciones) representó un monto de 155.8 mil millones de pesos; es decir, 0.86% del PIB. A causa de ello las empresas han tomado diferentes acciones como medidas de prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia: dejar de manejar efectivo, reducir horarios de trabajo, cancelar inversiones, entre otros.
Con base en datos de encuestas realizadas a internos en reclusión4 se observó, como ya se mencionó, que la mayoría de quienes cometieron algún robo estaban empleados al momento de delinquir y, más importante, la mayoría de los ladrones declaró robar para satisfacer alguna necesidad de consumo puntual.
De esta forma, si se considera el contexto que se tiene en México en relación la economía y al empleo, se puede pensar que se están fomentando condiciones para que los delitos patrimoniales, como el robo a negocio, aumente de manera considerable: precariedad económica, el cierre (parcial o total) de empresas y negocios, y un aumento del desempleo que ha afectado y seguirá afectando directamente al ingreso de más de la mitad de la población.
Se ha demostrado que existe un círculo vicioso entre la precariedad económica, robo y desempleo debido al efecto de motivación criminal que refiere que la precariedad económica induce a los individuos a incurrir en actividades delictivas.[5]
No se trata de victimizar a las personas que están desempleadas o que trabajan en condiciones de poca seguridad laboral y de ingresos, se trata de entender las causas que llevan a una persona a cometer un delito. Delinquir es una decisión racional que depende de muchos factores, entre ellos, la necesidad de tener el ingreso o los recursos mínimos para poder vivir.
Si bien no se puede asegurar que habrá un aumento de los delitos patrimoniales como el robo a negocio, vale la pena considerar la probabilidad de que puede suceder para tomar medidas preventivas y pensar en dos elementos dos puntuales: la necesidad de desarrollar una política de seguridad pública que entienda el comportamiento de los delitos para su atención y solución efectiva; y analizar a profundidad el estado del mercado de trabajo para fomentar, garantizar y fortalecer mejores condiciones de seguridad laboral y de ingresos que den certeza y estabilidad a las familias para poder vivir de forma digna.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@MarioMayaol
[1] INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y empleo, 4º trimestre de 2019
[2] CEPAL. 2020. “COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América Latina y el Caribe”. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina
[3] Factor Capital Humano. 2020. “Coronavirus le cuesta a México la pérdida de 14,500 empleos formales por día”. Recuperado de: https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/coronavirus-le-cuesta-a-mexico-la-perdida-de-14500-empleos-formales-por-dia/2020/04/
[4] Bergman, Marcelo. 2013. “Delito patrimonial e inserción laboral en México”. Estudio Sociológicos. El Colegio de México. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5960946
[5] Loría, Eduardo. Salas, Emmanuel. 2019. “La relación entre robo y desempleo de varones jóvenes en México, 2005-2017”. UNAM. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-53462019000300433&lng=es&nrm=iso
