Cuando una persona enferma o lesionada toma una medicina, lo hace con la esperanza de mejorar su salud. Hoy en día, esta esperanza se convierte en una promesa cumplida para una gran cantidad de padecimientos. Pero, dudo que en el momento en que traga una pastilla o lo inyectan, piense siquiera en la posibilidad de que esté consumiendo un producto falsificado. Quienes lo piensan dos veces, es porque alguna vez ya pasaron una mala experiencia y pudieron contarla o bien, porque se dedican a investigar este tema.
Esta es una realidad que durante las etapas más severas de la pandemia suscitó bastante interés. Ahora que nos encontramos en una fase más estable de la misma, no deberíamos perderlo de vista. La falsificación de medicamentos e insumos médicos vulnera el goce del derecho a la salud.
En 2020, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y AMCHAM publicaron un informe sobre la oferta de piratería y la respuesta institucional en México. Los testimonios del personal de las empresas farmacéuticas y de insumos médicos, así como de especialistas en farmacia señalaban la comercialización de medicamentos de alta especialidad falsificados como los anticuerpos monoclonales. Llamaron la atención sobre las compras públicas en los sistemas de salud mediante esquemas con intermediación de empresas fantasma. A su vez, destacaron algunos medicamentos de alta demanda como aquellos utilizados para la disfunción eréctil, antihipertensivos, entre muchos otros.
Los testimonios señalaron mercados relevantes especializados como El Santuario en Guadalajara, donde la intervención de las autoridades conlleva riesgos de violencia y de corrupción. La autoridad sanitaria ha señalado otras zonas de venta como Tepito, algunos mercados en Tláhuac y el tianguis de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México, así como el Salado en Mexicali. Por su parte, los reportes de las asociaciones de la industria alertan que otra forma de comercialización cada vez más frecuente es a través de medios digitales como redes sociales y plataformas electrónicas.
Esta investigación se realizó un año antes de que la pandemia trastocara la vida de la población, pero cuando se publicó, el ONC advirtió a las autoridades sobre las condiciones perfectas para que las redes delictivas dedicadas a la venta de medicamentos y dispositivos médicos, llamémosles irregulares para simplificar la terminología, aprovecharan una oportunidad de oro.
De acuerdo con un breve informe de la OCDE hubo múltiples factores que promovieron esta actividad: incremento de la demanda, restricciones a la industria del transporte, reducción de la oferta laboral por confinamientos y enfermedad, infiltración de productos irregulares en las cadenas de valor globales, crecimiento del comercio electrónico, menores capacidades de supervisión y de aplicación de la ley, escasez de insumos, ajuste de prioridades en los controles en frontera, menor actividad económica, entre otros.
A estos factores hay que sumar algunas complicaciones autoinfligidas como el desabasto de algunos medicamentos ocasionado exclusivamente por las políticas de compras del actual gobierno federal. Para muestra, no olvidemos que en 2021 no se surtieron más de 24 millones de recetas por parte de las instituciones de salud pública lo que ocasionó un incremento de 40% del gasto de las familias de acuerdo con el documento Radiografía del Desabasto Informe de Transparencia en Salud 2017-2021.
Para atender este problema se necesita una política de salud pública proactiva por parte de las autoridades sanitarias y penales que ponga a las personas en el centro de la cuestión. Se necesita una autoridad que lidere el tema y que no rehúya a reunirse con las asociaciones y cámaras de la industria, hospitales, doctores y especialistas en farmacia, aunque sea solo para escuchar y por qué no, aspirar posteriormente a una alianza público privada en beneficio de la población.
Se necesita una clara noción de las prioridades de política. Las capacidades deben centrarse en aquellas intervenciones que tengan mayor impacto. En fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó el Manual para la identificación de medicamentos falsificados el cual constituye un esfuerzo de educación dirigido a públicos de toda la cadena de suministro. Pero, ¿no sería mejor diseñar una solución tecnológica al alcance de los usuarios finales que ayude a detectar estos medicamentos en los sitios de venta?
Si después de una pandemia, seguimos sin darle la atención que merece a la falsificación de medicamentos e insumos médicos y volvemos a esa normalidad pazguata en la que solo unos pocos tienen un interés de resolver el problema, ya no hay remedio que valga. Este problema es severo. No hay que echarlo en saco roto.
@VelezManuel
