Por: Gerardo Bonilla Alguera
El crimen organizado está sacando provecho de la crisis sanitaria de la COVID-19. Diversos grupos delincuenciales estafan a ciudadanos necesitados de tanques de oxígeno, lucran con lotes de vacunas robadas o falsificadas e incrementan su participación en delitos cibernéticos. No hay ninguna sorpresa en ello, así opera la delincuencia organizada. No se trata de delitos nuevos, sino de actividades ilegales aprovechando coyunturas y mercados negros emergentes.
Así lo advirtió la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) desde el 26 de marzo de 2020 en sus “directrices para apoyar la respuesta de las fuerzas del orden a la COVID-19”. En ese entonces las medidas de confinamiento empezaban a generalizarse como respuesta global a la pandemia. Mientras que el 2 de diciembre de 2020 INTERPOL emitió una alerta mundial para que las policías tomaran medidas preventivas ante el robo y falsificación de vacunas.
En México, esta situación quedó en evidencia desde el año pasado. En octubre, fueron robadas más de 10 mil dosis de vacunas contra la influenza. Dos personas implicadas en este robo fueron detenidas y procesadas. En diciembre, la ola de contagios de COVID-19 saturó los hospitales y generó escasez de oxígeno medicinal. En los medios de comunicación se documentaron diversos casos de robo y fraude con tanques de oxígeno. Con mayor o menor sofisticación y violencia se perpetraron con bastante impunidad estos delitos.
Los cambios en la operación del crimen organizado y del fuero común eran, en argot beisbolero, “bola cantada”. Sin embargo, parece que las autoridades federales y locales no se prepararon para contener esta situación. Están más preocupados por vender como un logro los magros decrementos en los registros de delitos, que también era previsible disminuyeran debido a las medidas de confinamiento. Así que, para no variar, hay una ausencia de política pública para hacer frente a estas amenazas emergentes a la salud y seguridad de la ciudadanía.
Las medidas han sido más bien reactivas: recuperar parte de lo robado, desactivar cuentas de redes sociales involucradas en fraudes y detener a algunos presuntos responsables. No es que esto no contribuya hacer frente a este problema, sino que a todas luces es insuficiente. Además, si se considera que era previsible la incursión criminal en estas actividades, hoy deberíamos estar atestiguando la implementación de una verdadera política pública; incluso, con apoyo de la INTERPOL, tal como han hecho otros gobiernos nacionales.
En este escenario de delitos emergentes y autoridades omisas o rebasadas, el Poder Legislativo tendría que asumir un rol más activo, propositivo, orientado a exigir rendición de cuentas y detonar acciones de política pública. Lamentablemente, la mayor parte de los legisladores brillan por su ausencia, mientras unos cuantos aprovechan la coyuntura para plantear propuestas de probada ineficacia, pero con cierto impacto mediático.
De esta manera resulta paradójico que la oposición que denuncia el populismo del Ejecutivo Federal incurra en propuestas de populismo penal. A nivel federal, el PRD pretende penas de 15 a 22 años de cárcel por robo de tanques de oxígeno e insumos médicos. A esta iniciativa se adhirieron legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. En el mismo tenor, MORENA propone hasta 22 años de cárcel por vender vacunas o resultados apócrifos de pruebas de COVID-19.
A nivel local no se quedan atrás, hay iniciativas de todos los colores que proponen modificar los códigos penales para sancionar con cárcel estos delitos. En Chihuahua el PRI plantea hasta 4 años y en el Estado de México el PAN considera 7 años. Mientras que MORENA pide 7 años de prisión en la Ciudad de México y en Puebla el gobernador envía una iniciativa con la misma sanción actividades relacionadas con el comercio ilegal de vacunas falsificadas o adulteradas.
En suma, populismo a nivel federal y local, en el ejecutivo y el legislativo, en el partido gobernante y en la oposición. Mientras tanto, se pierde la oportunidad de entender el comportamiento criminal y los niveles de victimización en esta coyuntura crítica. Esto debería ser tan prioritario como prevenir contagios y atender a enfermos de COVID-19. La falta de datos y el exceso de demagogia conducen a malas decisiones públicas. El resultado: caldo de cultivo para la expansión del virus y la delincuencia.
@Ger_Bonilla
