Por: Ixchel Bedolla Alcántara
La situación actual de la investigación forense en la que se encuentra inmerso nuestro país puede definirse con un solo y contundente término: crisis. Así, en el sentido sociológico de la expresión, cabe entender una situación tal en la que un sistema u organización se encuentra imposibilitada para superar sus desafíos prácticos, a menos que experimente cambios radicales.
Al respecto, poco lugar deja a la duda la afirmación de Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en el sentido de que “la ONU-DH ha constatado que los servicios forenses en México están rebasados al menos en tres sentidos: por el volumen de trabajo que enfrentan, por las condiciones materiales para la realización de sus tareas y por las capacidades técnicas que se necesitan”.1
La tremenda asimetría entre la sobrecarga del trabajo forense y el déficit de condiciones para realizarlo es una cuestión suficientemente observada y analizada, y no por ello resuelta. Por paradójico que parezca, las capacidades técnicas del personal de investigación forense han recibido mucho menor atención de la que amerita. En un mundo rebosante de complejidad, no hay lugar a la duda de que las competencias científico-técnicas son un ingrediente indispensable.
Investigar un delito no es una tarea sencilla. Si bien se mira, la comisión de un crimen entraña todo un reto a la investigación científica, cuyo desiderátum es la búsqueda de la verdad material. Como cualquier hecho, la indagación causal de un crimen reclama interdisciplinariedad teórica, metodológica y técnica. La ciencia forense es uno de los aspectos más importantes de cualquier investigación criminal, ya que permite identificar a un sospechoso en un crimen y determinar exactamente cuándo y cómo ocurrió un crimen.
El papel de la ciencia forense en la justicia penal es muy importante y debería ser protagonista en el proceso. Los científicos forenses recurren a la aplicación del conocimiento y la metodología de diversas disciplinas de la ciencia sustentadas en el método científico para desarrollar hallazgos objetivos que puedan ayudar a dilucidar las condiciones del crimen y proveen herramientas para el enjuiciamiento de los autores de delitos o absolver a una persona inocente.
Desgraciadamente en México no se le ha dado la importancia requerida, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal desarrollado por el INEGI en el 2020, durante el 2019 la entidad que tuvo el mayor número de unidades contaba solamente con 44; en 12 entidades hay menos de 200 personas adscritas a esa unidad y el 44.8% del personal se concentra solamente en 3 especialidades.
Para superar la crisis es necesaria una reforma forense. La capacitación y formación de peritos es relevante pero también hay que generar las condiciones para que los científicos puedan tener un papel más activo en la investigación criminal y no subordinar la práctica científica a las líneas de investigación ya establecidas para el caso. En este sentido, también es necesario que la reforma forense garantice la independencia de los servicios periciales pues además de los pocos recursos materiales y humanos con los que cuentan, los investigadores forenses se encuentran con más obstáculos que les impiden realizar sus funciones.
@ixchelba
