Ser mexicana implica escuchar la palabra “corrupción” y automáticamente asumir que se habla de alguna figura política o, bien, del escándalo más reciente; en todo caso, siempre se piensa en la impunidad.
En los últimos años, se ha ocupado el debate ala corrupción como promesa de campañas políticas; pero ¿realmente las personas entienden qué es corrupción? ¿O solo se asocia al enriquecimiento ilícito de los políticos?
En 1999, Sayéd y Bruce definieron la corrupción como: “El mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”. Recordemos que en México los delitos por hechos de corrupción se encuentran previstos en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas.
Muchas veces somos los ciudadanos los que incentivamos a que se comente algún hecho de corrupción, o cometemos corrupción de bajo o alto nivel. Por ejemplo, ¿alguna vez le han dicho a un agente de tránsito cuánto dinero necesitan para que nos dejen y no nos pongan una multa? Eso es un ejemplo de corrupción.
En días pasados, el programa Lawyers council for civil and economic right por parte de La Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York publicó la segunda edición de su estudio titulado “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica (EAL) 2021-2022”, el cual coloca a México en noveno lugar de 17 países participantes. Obtuvo una calificación de 5.68, dicha calicación se calculó en una escala del cero (0) al diez (10), donde cero es la calificación más baja y diez la más alta. Las categorias que se analizaron fueron tres, legislación Autoridades e Implementación.
A partir de los resultados, la EAL concluyó que el marco jurídico contra la corrupción en México es “suficiente”, ya que a partir de 2016 se ha creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, además,en 2019 se ha reformulado la Constitución, así como el Código Penal. Cabe destacar que el SNA hoy en día está en riesgo de seguir funcionado, ya que el presidente piensa que es suficiente con la Fiscalía Anticorrupción que depende de la Fiscalía General de la República (FGR).
Una de las limitantes por las que el marco jurídico mexicano carece de fortalecimiento es que no existe unificación de tipos penales de corrupción en todo el país.ada entidad federativa retoma en sus códigos penales cuáles hechos sí son considerados corrupción y cuáles no.
Es por ello que unos de los problemas que enfrentamos es que, a pesar de que en México las instituciones cuentan con autonomía para prevenir, trabajar, sancionar e investigar los posibles hechos de corrupción, la realidad no es así, hoy contamos con 29 Fiscalías Anticorrupción en México, pero carecen de capacidades humanas, recurso económicos y sobre todo autonomía para operar.
Necesitamos fortalecer a las instituciones públicas, pero también es necesario que la población entienda qué es corrupción y qué no lo es, ya que muchas veces lo ignoramos. Es fundamental fortalecer el Estado de derecho en todos los ámbitos.
Como último, ambas partes, tanto gobierno como sociedad debemos tener claros nuestros derechos. En este sentido, el Observatorio Nacional Ciudadano se encuentra trabajando con seis instituciones de procuración de justicia para detectar posibles hechos de corrupción en el proceso de impartición de justicia y, una vez que se detecten, se les pueda dar el debido seguimiento.
La corrupción daña al Estado de derecho y eso, a su vez, frena el crecimiento que pudiera tener el país. Es por ello que para mí es el mayor mal al que nos enfrentamos los mexicanos.
@maareysilva
