La exigencia de cambio en las condiciones de seguridad ciudadana es una constante en nuestro país que desde 2006 se ha vuelto una prioridad en la agenda ciudadana. La transformación de las instituciones gubernamentales responsables de la seguridad y la procuración de justicia no han sido con la oportunidad que se necesita.
Por otro lado, entre las restricciones para realizar cambios que permitan mejores resultados, el de la capacidad presupuestal del Estado pudiera ser el de mayor limitación en los próximos meses, si nos centramos en un análisis meramente cuantitativo.
Un país con índices delictivos altos y con una prospectiva de inflación moderada como México es el escenario idóneo para promover acciones o programas públicos que se caracterizan por implementar en periodos anuales, estrategias orientadas a resolver problemas bien definidos y focalizados en temas de inseguridad.
Diferentes policías en el país han sido capacitadas en este tipo de programas, como el policiamiento basado en evidencia u orientado a resolución de problemas. Sin embargo, de forma paradójica el recurso que limita la implementación de estas acciones no es el presupuestal, sino el liderazgo institucional en nuestras policías y fiscalías.
Ante la constante exigencia de resultados hacia las autoridades, en ocasiones estas reaccionan con resistencia a establecer alianzas o programas disruptivos donde exista una colaboración con la sociedad civil organizada u otros actores.
De esta manera, podemos identificar tres acciones de liderazgo institucional que tienen impacto positivo en las condiciones de inseguridad y que no requieren presupuesto adicional.
La primera de ella se refiere a definir una política de datos. En otros sectores de la administración pública, una de las acciones que ha registrado en el corto plazo beneficios en la comunicación con los demás actores para las soluciones de problemas comunes es la apertura de la información. Una política de datos define cómo registrar y gestionar los datos.
En la gestión de la información, se encuentra la definición de cómo compartir datos sin vulnerar la condición jurídica o de seguridad, el respeto al marco jurídico y al mismo tiempo potencializar el análisis de la información deben ser el objetivo principal de la política de datos.
Pocas instituciones han definido una postura pública acerca de su política de datos y a nivel federal los esfuerzos han sido poco coordinados entre las instituciones del sector.
La segunda, se vincula con fomentar programas o acciones de colaboración con un objetivo común entre gobierno y sociedad civil organizada. El ejemplo más básico es el hackaton, un evento con duración de un día con el objetivo de plantear soluciones disruptivas a un problema relevante. En salud, economía o educación existen ejemplos relevantes pero en seguridad aún no existe un referente.
La tercera se asocia con la documentación e intercambio de prácticas promisorias en el uso de información y colaboración con otros actores para resolver problemas de inseguridad. Existen diferentes espacios en la academia y asociaciones civiles para lograr esto, pero el impulso que los mandos transmitan a sus colaboradores es fundamental en esta tarea.
De forma análoga la sociedad civil organizada ha planteado soluciones al reto del liderazgo para la implementación de política de datos, colaboración entre organizaciones e intercambio de prácticas. En el Observatorio Nacional Ciudadano hemos impulsado la Red Nacional de Observatorios que multiplican las capacidades, habilidades y recursos que de forma individual tiene cada uno de los integrantes.
Esta Red que se nutre de la experiencia de sus integrantes, de forma gradual pero sólida visibiliza actores locales que sirven de referencia para solucionar problemáticas comunes en diferentes ciudades y estados. El liderazgo de los integrantes de la red es lo que ha permitido que se construya una agenda nacional de soluciones desde la sociedad civil.
@nestogrmx
