La apertura al escrutinio internacional es una condición indispensable para sostener el régimen internacional de derechos humanos y un compromiso de todo Estado que se precie de ser democrático. En materia de desaparición forzada México ha sido un tanto ambivalente. Por un lado, el Senado de la República aprobó por unanimidad en 2020 la Declaración que reconoce la competencia del Comité contra Desaparición Forzada.
De esta manera, se abrió la puerta a la visita de una delegación de expertos. Por otro lado, al darse a conocer los hallazgos y las recomendaciones, el Titular del Ejecutivo Federal descalificó el trabajo realizado aseverando que “ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad” (Presidencia de la República, 2022).
Si uno revisa el “Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención”
encontrará que, como suelen ser este tipo de documentos, se encuentra bastante equilibrado. En primer lugar, los expertos reconocen que ha habido “importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales que se han dado en el Estado parte” (párrafo 5). De hecho, hasta manifiestan beneplácito por un par de iniciativas presidenciales por las que se crean “la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre los años 1965 y 1990; y la creación de la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa” (párrafo 7). En el mismo sentido, se reconocen otras acciones institucionales orientadas a la identificación humana y en materia de servicios médicos forenses.
En segundo lugar, se presenta el diagnóstico sobre el fenómeno de las desapariciones en el país. Aquí las cifras son demoledoras, rescato únicamente tres datos que dan cuenta de la debilidad institucional y el desamparo de las víctimas: a) entre 2006 y 2021 han desaparecido 95,121 personas; b) solamente se han judicializado alrededor del 6% de los casos y únicamente se han emitido 36 sentencias; y c) 52 mil personas fallecidas no fueron identificadas y permanecen en fosas comunes o en instalaciones forenses. Cabe señalar que el Comité no le atribuye la responsabilidad de esta crisis a la actual administración federal, simplemente se limitan a evidenciar lo que consideran como “el paradigma del crimen perfecto” (p. 17). Se trata de datos oficiales, entregados al Comité por las autoridades mexicanas.
En el informe no hay ningún indicio de que “querer sentar en el banquillo de los acusados” (Presidencia de la República, 2022) al gobierno federal. Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden resultar incómodos por contradecir el discurso oficial(ista). El Comité expresa preocupación por la precariedad de recursos con la que opera la Comisión Nacional de Búsqueda, institución que desde la Presidencia de la República se considera “de lo mejor en el mundo”. Además, se recomienda garantizar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública. Nada nuevo bajo el sol, pero aun así causó escozor presidencial.
Más que descalificar, el gobierno mexicano debería incrementar el diálogo y la cooperación internacional para hacer frente a este problema público. Incluso, debería solicitar que las recomendaciones para la formulación de una “política nacional” sean más específicas y argumentadas. El escrutinio internacional es necesario, pero para que sea útil requiere de concluir en recomendaciones factibles y, por supuesto, de un mínimo de voluntad política para corregir el rumbo.
@Ger_Bonilla
Referencias
1. El texto íntegro se puede consultar en: https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
Presidencia de la República (2022). “En materia de desapariciones, ya no es el tiempo de antes; hoy actuamos con legalidad: presidente”, Comunicado de Prensa, 13 de abril. Recuperado de: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-materia-de-desapariciones-ya-no-es-el-tiempo-de-antes-hoy-actuamos-con-legalidad-presidente
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