“La solución de los problemas públicos no puede ser la suma de una serie de políticas inconexas y desarticuladas” (Cejudo y Michel, 2016, p. 6)
Por: Doria Vélez y Gerardo Bonilla
La crisis de violencia e inseguridad en la que se encuentra sumido México es un problema complejo. Su solución requiere de la formulación e implementación de diversas políticas públicas focalizadas en aspectos muy concretos: drogas, crimen organizado, víctimas, derechos humanos, desarrollo policial, prevención del delito, etc. Todas estas respuestas institucionales se desprenden fundamentalmente de tres documentos programáticos: La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024), el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y el Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (2020-2024). En estos textos los objetivos son más amplios que en las políticas específicas, pero son de mucha utilidad para entender el proyecto político-administrativo del gobierno federal.
A dos años de gobierno, se esperaría que la etapa de planeación ya hubiera culminado y que la implementación de las políticas formuladas esté generando los primeros resultados. Tras un bienio la pendiente de la curva de aprendizaje ya se puede observar con mayor claridad.
Es un tanto temprano para evaluar el desempeño, aunque desde Presidencia de la República, ya se hayan asignado un modesto 95 de 100 en calificación al estimar que han cumplido con esa proporción de compromisos electorales. Sin embargo, es un buen momento para poner a prueba la coherencia de las políticas públicas con las que se pretende materializar el “cambio de paradigma en seguridad” que se prometió en campaña y que se enfatiza en los documentos programáticos.
Para ello, recurrimos al enfoque de coherencia de políticas públicas que consiste en observar la presencia o ausencia de este atributo deseable en tres dimensiones: al interior de cada política, entre políticas y entre espacios de políticas (Cejudo y Michel, 2016).
Los resultados de la investigación quedaron plasmados en el documento “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024). Un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas”. Este texto fue presentado el pasado 24 de noviembre de 2020 por el director general del ONC, Francisco Rivas. En esta ocasión y espacio queremos compartirles tres de los principales hallazgos del estudio que corresponden a los tres cambios esenciales que podrían indicar algún cambio de paradigma.
En primer lugar, retirar a las Fuerzas Armadas de las labores que realizaban en materia en seguridad pública e interior. Lo que mediática y coloquialmente se llamó “regresar al ejército a los cuarteles”. En segundo lugar, “reformular el combate a las drogas”, es decir, abandonar la estrategia de detención de objetivos criminales prioritarios y legalizar el consumo de la marihuana. En tercer lugar, “pacificar a México” mediante políticas de prevención social del delito y la violencia.
Bajo la consigna de “abrazos, no balazos” se anunciaron diversos programas de apoyo social con el objetivo de alejar a los jóvenes de la delincuencia, “becarios sí, sicarios no” en palabras del propio presidente.
Desafortunadamente, el objetivo del “cambio de paradigma” en la ENSP no pasó la prueba de la coherencia de políticas públicas, ni el de la congruencia entre el discurso político y las acciones gubernamentales. La militarización de la Guardia Nacional se ha extendido a diversos sectores de la administración pública, de igual manera constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V) para administrar las operaciones civiles y comerciales del nuevo aeropuerto que construyen sucursales del Banco de Bienestar y tramos del Tren Maya. Claramente, las Fuerzas Armadas no regresaron a los cuarteles y hoy gozan de un poder sin precedentes.
Por otro lado, la legalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales si bien es inminente dada la aprobación del Senado, no se observa una política de drogas clara de la administración federal. Son previsibles problemas severos de diversa naturaleza en la implementación de la reforma que en breve se aprobará. Finalmente, el uso de la política social para prevenir el delito es un sofisma. No hay correlación alguna entre los apoyos de programas prioritarios y la incidencia delictiva. En palabras claras y llanas, el “cambio de paradigma” en seguridad es un mero espejismo.
La evidencia de incoherencias de y entre políticas es mucho más amplia. Invitamos a las y los lectores a consultar el estudio disponible en: https://onc.org.mx/uploads/ENSP2018-2024.pdf
El resultado es bastante comprensible a la luz de un gobierno que prioriza la “lealtad ciega” sobre la capacidad técnica de sus servidores públicos. Es una muestra más de la predilección del presidente por la burocracia militar, sobre la civil a la que el Titular del Ejectivo ha tachado de ser una “burocracia dorada”.
De hecho, esta es otra gran incoherencia, no se puede esperar una implementación adecuada de las políticas públicas si constantemente se vapulea verbalmente a los implementadores y se les retiran ilegal y arbitrariamente prestaciones. Finalmente, el estudio también señala incongruencias entre la palabra y la obra presidencial. Esto es todavía más grave en un gobierno que se asume moralmente superior a la oposición política y cualquier movimiento social que lo cuestione.
*Directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
@Dorsvel
*Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@Ger_Bonilla
Referencias
Cejudo, G. y Michel. C. (2016). “Coherencia y políticas públicas. Metas, instrumentos y poblaciones objetivo”, Gestión y Política Pública, Vol. XXV, Núm. 1, pp. 3-31.
