Por: Jorge Monterrubio Salazar
Derivado de los últimos nombramientos realizados por la virtual presidenta electa, ahora sabemos (como era de esperarse) que Omar García Harfuch encabezará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Resulta interesante analizar este nombramiento considerando las últimas declaraciones que el próximo titular de la dependencia ha hecho en distintos medios de comunicación.
Tras su nombramiento, nos enteramos que se han planteado algunas propuestas importantes que podrían derivar en reformas a la ley y que van enfocadas en buena medida a mejorar las capacidades de las policías estatales. ¿Cómo funcionará esto? ¿Será que el nuevo gobierno trae en mente un plan de continuidad con los elementos federales como ya se ha anunciado, pero con cambios relevantes en lo local?
Parece que las propuestas del próximo titular de la dependencia encargada de la seguridad se enfocan en dos ejes prioritarios. El primero tiene que ver con el dignificar a los elementos policiacos con diferentes medidas como por ejemplo: homologar el servicio profesional de carrera de las policías estatales a nivel nacional, fortalecer los cuerpos de seguridad aumentando el salario percibido, e incentivar a los elementos con programas de condecoraciones, mientras que el segundo punto aborda fundamentalmente la coordinación entre los 3 niveles de gobierno pero también entre policías estatales, fiscalías, poder judicial, defensa nacional y marina.
Ahora bien, al día de hoy parecería que estas medidas pueden ser de utilidad considerando el contexto en el que se encuentra el país. Hace algunos meses el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores realizó una investigación donde reporta que el salario promedio en la República para los policías a nivel estatal es de 8,000 pesos en 2024 y que de las 32 entidades federativas, solamente en 7 los policías tienen un salario mayor a 10,000 pesos, lo cual es relativamente poco considerando que el salario promedio en México por hogar es de 22 mil pesos aproximadamente según la última encuesta de ingreso y gasto del INEGI.
Otro indicador que llama la atención sobre la urgencia de mejorar la función policial es que apenas 3 de cada 10 ciudadanos mayores de edad se sienten satisfechos con el servicio de policía de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI. Hay una sola policía, la de Yucatán, que es evaluada de manera favorable por la mayor parte de la ciudadanía.
En temas de coordinación, la parte más delicada es la relación entre policía y fiscalía. Lo básico de cualquier propuesta es lograr que entre ambas instituciones respeten las competencias de una y de otra. Para esto es necesario construir una relación de confianza, más no de contubernio, entre ambas. Aspectos tan básicos como las actuaciones del primer respondiente, las detenciones, la recopilación de información para inteligencia entre otras son solo algunos de las áreas difíciles de intervención.
A su vez, es importante que se tomen medidas que mejoren lo local pero que se impulsen a nivel nacional porque independientemente del partido político que gobierne, hemos podido presenciar que los gobiernos estatales han apostado por mejorar sus policías, han reducido significativamente los delitos de alto impacto o han logrado mantener un estado de paz. Yucatán, Coahuila y la Ciudad de México son el ejemplo perfecto de que si bien se necesita colaborar con la federación, importa mucho la responsabilidad que ejercen los gobernadores, independientemente de que en ciertas regiones o momentos específicos se requiera el apoyo de alguna dependencia federal.
Parece ser que las señales hasta el día de hoy indican que habrá continuidad con cambio en materia de seguridad, lo más seguro es que el mando de la Guardia Nacional si pase a la Defensa Nacional, pero también estamos viendo que se está configurando un cambio en lo local que al parecer traerá modificaciones importantes en las leyes y en el trabajo de campo.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@Jorgemonsa7
