En el Observatorio Nacional Ciudadano hemos alertado sobre las consecuencias en términos de seguridad humana y desarrollo sostenible que trae consigo el comercio de plaguicidas ilegales. Si bien las autoridades responsables en la materia reconocen la existencia de este problema, lo cierto es que sus esfuerzos son limitados y están lejos de ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo.
En este sentido, hemos podido identificar que una de las condiciones que propician la proliferación de este tipo de mercados es la falta de controles y supervisión por parte de las autoridades en frontera. Por ello, resulta imperativo el desarrollo de capacidades institucionales, así como la cooperación de las autoridades competentes con la industria legal para garantizar el cumplimiento de la ley en el ámbito fronterizo.
Al respecto, existen diversas experiencias y prácticas internacionales que pueden dar cuenta de los esfuerzos que se han implementado exitosamente en aras de frenar el comercio transfronterizo de plaguicidas ilegales.
Un ejemplo son las redadas conjuntas de oficiales de inspección, servicios de seguridad de las empresas responsables, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las cuales han demostrado ser una práctica bastante eficaz. Estas redadas generalmente están precedidas por análisis estratégicos y tácticos, los cuales permiten no solo incautar plaguicidas ilegales en circulación, sino también detectar canales de suministro y comercio ilegales.
En México, los puntos críticos de atención son la frontera norte y sur del país, en particular Chiapas, donde se ha podido documentar el ingreso de plaguicidas contrabandeados y falsificados.
Los “Mobile Intellectual Property Enforcement Teams” (MIPETs) son un buen ejemplo de cómo la autoridad aduanera de Estados Unidos ha combatido el ingreso de mercancías falsificadas y pirateadas a dicho país. Estos grupos operativos combinan las fuerzas de los expertos en la protección de los derechos de propiedad intelectual y el personal de campo de primera línea, para maximizar las interdicciones durante un período específico.
Este enfoque basado en la protección de los derechos de propiedad intelectual supone una veta de oportunidad para la coordinación y cooperación interinstitucional de organismos como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Agencia Nacional de Aduanas de México y particularmente la FGR, mediante su Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI).
Por otra parte, en Europa el Sistema de Análisis y Gestión de Riesgos Automatizado (ARMA) se ha consolidado como uno de los instrumentos más eficaces para contrarrestar el contrabando de plaguicidas ilegales. Mediante la elaboración de perfiles de riesgo, este sistema alerta a los inspectores sobre posibles violaciones a la legislación aduanera y sugiere medidas de control, ayudando al personal en el proceso de toma de decisiones.
Asimismo, a la par del fortalecimiento institucional y de la mejora continua de los procesos de control y despacho aduanero, es necesario establecer acuerdos con los actores de la industria legal para la implementación de tecnologías que dificulten la circulación de plaguicidas ilegales. Hologramas de seguridad, códigos QR, pigmentos invisibles, tintas y marcadores infrarrojos, así como etiquetas de identificación por radiofrecuencia, han sido propuestos como mecanismos de autenticación para plaguicidas.
En Europa, varias empresas han adoptado la iniciativa de los códigos QR, los cuales permiten rastrear los plaguicidas a lo largo de su ciclo de vida, contando además con una función integrada para notificar a los fabricantes sobre productos falsificados.
La autenticación y la trazabilidad mediante este tipo de tecnologías mejora la capacidad de las autoridades y de los participantes legítimos de la industria para identificar y eliminar a los comerciantes ilícitos de la cadena de suministro.
Si se quiere frenar el ingreso de plaguicidas ilegales a México es necesario que las autoridades competentes, en colaboración con actores de la industria, implementen de forma coordinada medidas de frontera basadas en la capacitación y profesionalización del personal; en la elaboración de análisis estratégicos y tácticos; en la implementación de sistemas basados en análisis de riesgos y en el uso de tecnologías de autenticación.
@Diego_Robledo1
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