Yair Enrique Canizalez Madrigal
Los servicios que utiliza la sociedad mexicana a través de las instituciones públicas que administra el Estado, y con el apoyo o independientemente los servicios que brindan las instituciones privadas, ambas se rigen bajo determinadas normatividades que buscan brindar un mejor servicio a sus usuarios, no obstante su incumplimiento de estas normas reduce la calidad de servicio, afectando los intereses personales de sus usuarios.
Una de las problemáticas que vive México, es cuando en estas instituciones públicas y privadas se da el fenómeno delictivo de la corrupción, toda vez que es una actividad comprendida de un conjunto de acciones ilícitas que merman el desarrollo social, económico y político de una nación.
Este conjunto de acciones afectan severamente la confiabilidad y la imagen de sus servidores públicos y/o privados como trabajadores y como consecuencia a la misma institución frente a la sociedad mexicana. A su vez, deteriora los valores sociales a costa de obtener beneficios personales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), determina que la corrupción se relaciona con los cargos públicos, y la define como “… el abuso de un cargo en el sector público o privado para beneficio personal…”[1]; y el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, conceptualiza a la corrupción como “… el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual.”[2]
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no define “corrupción”, pero involucra 7 actos específicos que le son atribuibles y se sancionan por la ley penal, competencia legal en Estados Parte[3], siendo estos: el soborno en el sector público y privado, la malversación en el sector público y privado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia, relacionados con los delitos anteriores.
Estos actos específicos han sido detectados por el estado mexicano dentro de sus instituciones públicas y privadas y han sido concebidos como un problema de seguridad al grado que ha estado incluido en la Estrategia Nacional de Seguridad de los últimos 3 sexenios.
Sin embargo, que esté detectado este fenómeno delictivo de la corrupción en las instituciones públicas y privadas, y que se contemple en la Estrategia Nacional de Seguridad, no significa que haya sido atendido. Los delitos cometidos por servidores públicos alcanzaron valores históricos. Entre 2019 y 2023, se tuvo conocimiento de más de 100 mil carpetas de investigación y la incidencia promedio creció 45% respecto al periodo de 2015 a 2018.
La falta de políticas públicas y acciones puntuales que reduzcan o sancionen a quienes cometen estas acciones ilegales, como se analiza en el Anuario de la Corrupción 2021,[4] resulta en impunidad y un Estado débil al identificarse instituciones que no funcionan y que los servicios que brindan, carecen de responsabilidad y transparencia.
México requiere instituciones públicas sólidas y un Estado que a través de sus políticas públicas reduzca los niveles de corrupción. Por ende, se requieren acciones y propuestas innovadoras por parte de las candidatas y candidatos a los puestos de elección popular, ya que de lo contrario jamás se podrá reconectar a las instituciones con su sociedad y construir la confianza necesaria para la paz, la democracia y el desarrollo económico.
Investigador jurídico del Observatorio Nacional Ciudadano.
@CanizalezYair
[1] https://www.unodc.org/e4j/es/anti-corruption/module-1/key-issues/corruption---baseline-definition.html
[2] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/727371/LIbro-cuento_10_CLAVES_Final_web.pdf
[3] Et. Al.
