Por: Ruth Ramírez Sánchez
Hasta hace no poco más de tres décadas, en La Paz, Baja California Sur, era común dejar tu bolsa o cartera en el auto, incluso las ventanas permanecían abiertas, quien osaba poner los seguros era blanco de burlas, ya que no era necesario tal acción; había familias que colocaban el colchón en el techo para dormir con la brisa de la noche, esto aminoraba las altas temperaturas; la calidad de vida en torno a la seguridad dejaba atónitos a quienes visitaban este puerto de ilusión.
Esto es solo una radiografía de cómo se podía vivir el día a día en Baja California Sur, aún en la capital del estado gran parte de la población se conocía entre sí y las familias eran ubicadas por su apellido. Sin embargo, hace aproximadamente 15 años llegó al estado el primer multicinema, y con éste la entrada de diferentes cadenas de supermercados y franquicias. La población inició un crecimiento acelerado, incluyendo la migración y los estratos sociales comenzaron a verse más marcados.
Aunado a esto vivimos en un territorio que por su situación geográfica tiene características de una isla, rodeado de litorales, por lo que la mayoría de los insumos para la población llega por barco, lo que incrementa los costos. Si a esto sumamos el alza del acero, gas, tortilla, entre otros, los precios de muchos productos y servicios han alcanzado los costos más altos en años.
Al ser un estado que vive principalmente del turismo y aunado a una pandemia que nos trajo pérdida de empleos, desde la industria de vuelos aéreos, la restaurantera, hotelera, tours, etc., en abril del año pasado más de 200 hoteles tuvieron que cerrar; casi se detuvo la actividad económica en su totalidad, que poco a poco ha ido recuperándose.
Ante este panorama de crecimiento acelerado de la población, desempleo, alza de precios y una pandemia que llevó a la población al confinamiento, podemos ver en el tema de seguridad un comportamiento a la alza en delitos como violencia familiar, feminicidio, así como el robo a casa habitación, que aunque ha ido disminuyendo estamos por arriba de la tasa nacional. La desaparición de personas es un delito que va en aumento y preocupa a muchas familias sudcalifornianas.
El robo a casa habitación en los últimos 4 años mantiene una significativa reducción, llegando en 2020 a más de mil carpetas registradas con un promedio de 3 robos diarios. Sin embargo, al norte del estado, el municipio de Loreto presentó un significativo aumento respecto al 2019 con una variación del 77.7%, mientras que la tasa a nivel estatal se encuentra por arriba de la nacional.
El delito con mayor número de denuncias en la entidad es violencia familiar. Es necesario prestar atención especial a este delito, para que a partir de un diagnóstico preciso se diseñen e implementen acciones de prevención y atención al primer núcleo social: la familia. Durante el 2020 se registraron 2,490 carpetas de investigación en este rubro, un promedio de 7 carpetas diarias.
El crecimiento acelerado de personas desaparecidas es una preocupación mayor. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsquedas, en Baja California Sur actualmente se registra una persona desaparecida cada 2 días. Los colectivos de familiares de víctimas han desarrollado junto con especialistas y otras organizaciones, un sistema propio de búsqueda que trabaja de manera paralela a las funciones y responsabilidades del Estado.
Finalmente, el feminicidio aumentó un 94%, siendo constante desde 2019 cuando se tipifica en nuestro estado y comienza la Procuraduría local a registrarlo. Colectivos feministas registran más casos que las autoridades, ya que contabilizan y monitorean los homicidios dolosos conforme se publican en los medios de comunicación, dichos crímenes cuentan con todas las características que acreditan el feminicidio, por lo que los números reales de este delito quedan sin registro.
El confinamiento por COVID-19 ha generado que un segmento de la población sea más susceptible de ser víctima de diferentes tipos de violencia, entre ellos están las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, y comunidad LGBT. Estos últimos con indicadores importantes recabados por los colectivos locales, desde el desplazamiento de sus hogares por el tener que convivir con sus propios agresores, hasta la pérdida de empleo o dificultad para recuperarlo, por discriminación laboral.
En BCS necesitamos tener políticas públicas preventivas específicas para cada municipio y delito, trabajarlas en coordinación con los tres niveles de gobierno; destinar mayor presupuesto a las acciones contra la violencia de género, transparentar los criterios de distribución del recurso económico en las áreas encargadas de la seguridad en el estado y evaluar la eficiencia de los mecanismos de seguridad existentes, así como seguir el esfuerzo de capacitación al personal encargado de la seguridad, legalidad y justicia.
@ComoVamosLaPaz
