Por: Mario Maya
Qué peligroso sería regresar a un lugar en donde no sabemos qué ocurre.
Una de las propuestas políticas más exitosas en México en las últimas tres décadas, ha sido la creación de autonomías constitucionales no dependientes de los poderes tradicionales. El logro de estos organismos recae en reducir conflictos de interés, en imponer límites a la actuación del gobierno, en separar decisiones de carácter técnico de intereses políticos y, sobre todo, en fungir como contrapeso en el poder.
De esta forma, existe un círculo virtuoso entre la democracia y los organismos constitucionales autónomos. Así como estos organismos son el resultado de un largo proceso de consolidación democrática y de maduración institucional; la evolución de la democracia depende, en gran medida, de las aportaciones de estas autonomías como pilares fundamentales del servicio público.
La creación de los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAS) tiene el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de tareas administrativas y jurisdiccionales en el orden nacional y por ello, desaparecerlos, debilitarlos o incorporar sus tareas a alguna dependencia de la Administración Pública -como lo ha propuesto el presidente- nos podría llevar a ese pasado en el que todo se manejaba a discreción del gobierno.
Existen varios ejemplos sobre las aportaciones que tienen los OCAS para el fortalecimiento a las instituciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la transparencia en los procesos de elección, la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar la efectiva procuración de justicia, el Banco de México que ejerce como autoridad encargada de definir la política monetaria o el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar lo que su mismo nombre describe.
Hablemos del INAI que actualmente se encuentra en la mira del presidente. Este organismo garantiza[1] el cumplimiento de dos derechos fundamentales:
1. Garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información pública que soliciten.
1. Garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.
Por ello, la propuesta para eliminar el INAI es preocupante y además, parece que ignora el aporte indirecto que tuvo este instituto para que el mismo López Obrador esté en el puesto actualmente que desempeña.
Gracias a los criterios de transparencia y rendición de cuentas que ha desarrollado el INAI fue posible saber, desde los gastos desproporcionados de Los Pinos en el sexenio de Fox, los desvíos millonarios del gobierno de Javier Duarte, hasta el conflicto de intereses que representó la adquisición de la “casa blanca” del expresidente Peña. Información que, sin duda, aumentó la descalificación de los gobiernos pasados y que ayudó a que el 53.19% del electorado buscara una alternativa nueva.
Si bien es importante reconocer que hay fallas en las instituciones, la solución no es destruir; sino evaluar, corregir y fortalecer. Se debe apostar al perfeccionamiento y seguir el sentido institucional y democrático por el que fueron creadas.
No es opción que una dependencia de gobierno absorba tareas de un organismo autónomo y la “austeridad republicana” tampoco debe ser un criterio para justificar la destrucción institucional. La historia habla, nos da evidencia de los costos que ha tenido concentrar el poder público
Los OCAS, así como las dependencias del gobierno, deben fortalecerse con recursos y con profesionalización. Se necesita desarrollar herramientas más sólidas de vigilancia y evaluación para el desempeño de sus tareas. Instituciones fuertes hacen democracias más sólidas y no debemos permitir que se destruyan y debiliten los organismos que tanto ha costado construir.
Vivimos en una democracia. Los ciudadanos debemos conocer cómo se toman decisiones, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúa el gobierno. La información no debe ser patrimonio de los que ostentan el poder, sino un bien público que sirve para garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
México no puede volver a los tiempos del gobierno sin contrapesos. La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública deben ser los ejes fundamentales de toda acción política.
@MarioMayaol
