Por: Karen Pérez y Ana Velasco
“No me escucharon, yo le pedí a las autoridades no ir a juicio para no enfrentar a mi agresor, pero no me escucharon”.
Ana María
El 26 de septiembre de 2019, Ana María fue acuchillada por su exesposo. Su agresor, “Roberto N”, la hirió en nueve ocasiones. Ella gritó y trató de defenderse, pero el ataque solo se detuvo cuando el arma se atoró en su espalda. Debido a las heridas, Ana María perdió un riñón. Después de una larga recuperación, aún presenta complicaciones para caminar e importantes secuelas psicológicas y emocionales.
El intento de feminicidio que vivió Ana María podría haber pasado como un caso más de violencia contra las mujeres en las estadísticas de Tabasco. Sin embargo, tuvo un contexto muy particular. Ana María no fue agredida en su casa, donde ocurren la mayor parte de los ataques; tampoco en la vía pública, en donde cada vez son más frecuentes.
Los hechos ocurrieron ante la mirada de las autoridades que se encontraban en el Centro de Justicia de Oralidad Región 9 en Villahermosa. Hubo policías como testigos que no intervinieron hasta el momento en el que el atacante se vio forzado a hacer una pausa. Es decir, la tentativa ocurrió dentro de las instalaciones del sistema de procuración de justicia que tenía el deber de garantizar la seguridad e integridad de Ana María.
Cabe señalar que ella estaba en esas instalaciones para una audiencia por violencia familiar de la que fue víctima por varios años por parte de “Roberto N”. Este punto es fundamental pues ya había una carpeta de investigación abierta por este delito y Ana María había dado parte de las amenazas que había recibido del atacante. Además, existía una orden de restricción. Esto significa que al atacante se le permitió ingresar a las instalaciones del juzgado con un arma y violar la orden de restricción para acercarse a ella, no solo para repetir las amenazas sino para intentar asesinarla.
Por si esto fuera poco, la revictimización de Ana María no terminó con el ataque. Ante la indignación social que éste provocó al haber ocurrido ante la mirada de las autoridades, la justicia tabasqueña se volcó en proteger sus omisiones y castigar al atacante. La carpeta por violencia familiar se hizo a un lado para privilegiar el delito por tentativa de feminicidio, es decir, la violencia de origen fue ignorada. Además, omite que la tentativa fue violencia que escaló por omisiones de las autoridades, no como un hecho aislado.
Con la priorización de la tentativa, “Roberto N” enfrentaba hasta 40 años de cárcel en un juicio oral en el que Ana María debía estar presente. Tras recuperarse parcialmente de sus heridas, ella y su defensa, el Colectivo Esmeralda, solicitaron un procedimiento abreviado para no volver a revivir el trauma y no enfrentar nuevamente a su agresor. Esto, a sabiendas de que el castigo para “Roberto N” sería menor, pero poniendo por delante su bienestar, y la urgencia por retomar su vida laboral y el cuidado de sus hijas.
Sin embargo, la respuesta de la fiscalía del estado fue un rotundo no. El argumento fue que era imperativo castigar con el máximo rigor de la ley al agresor para que quedara evidencia de que hechos como estos no se podían cometer dentro de un juzgado. En otras palabras, se castigaría el atrevimiento del atacante, su desafío a las autoridades y, así, se daría un ejemplo a otros posibles infractores.
Ana María tuvo que asistir a los juicios orales, encargarse de los costos de traslado por su cuenta, y encontrarse nuevamente con su agresor, quien, por cierto, continuó con las amenazas. A once meses del ataque, el 29 de agosto, “Roberto N” fue sentenciado a 35 años por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Así, para las autoridades judiciales de Tabasco, el caso está cerrado.
La pregunta que queda para la sociedad tabasqueña es si se hizo justicia. El caso de Ana María ilustra con claridad las disfuncionalidades de un sistema que revictimizó a una mujer en repetidas ocasiones, que no se concentró en reparar las numerosas fallas en el proceso que facilitaron la espiral de violencia, y, sobre todo, que puso en último lugar el cuidar la integridad física, sicológica y material de la víctima. Por supuesto, no es posible alegar que hubo perspectiva de género. Si bien el responsable directo del ataque de Ana María tiene nombre y apellido, las autoridades estatales también son responsables de lo ocurrido.
La Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas publicó hace unas semanas un video en el que denunciaron que al menos 313 tabasqueñas han sido asesinadas de 2015 a septiembre de 2020. Sin embargo, no se debe perder de vista que, detrás de estas cifras, hay cientos de mujeres que a diario enfrentan violencias.Lo que una carpeta por feminicidio indica es que, un día, ya no sobrevivieron. Y es en esas violencias donde es indispensable la intervención oportuna, eficaz y, sí, feminista del Estado.
“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, es una consigna común en las marchas feministas. Este caso ilustra por qué, a más de un año del ataque, Ana María sigue buscando la reparación del daño. Su proyecto de vida se rompió, su plan era ser policía y aún tiene dos cirugías pendientes. Ella sigue buscando justicia.
Agradecemos a la abogada Edith Magaña, así como a nuestra colega Julia Arrivillaga del Observatorio Ciudadano de Tabasco por facilitar la entrevista. Por supuesto, agradecemos de corazón a Ana María por la confianza y valentía de compartir su historia.
@_anavelasco
@karen_peg
