Por: Norma Bautista Santiago, Gerardo Bonilla Alguera y Francisco Hernández Arteaga
A nivel institucional, el proceso electoral 2020-2021, por medio del cual se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 19,915 cargos a nivel local, se llevó a cabo de manera impecable. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla realizaron una labor profesional y eficiente. La logística, que no es un asunto menor en estos menesteres democráticos en contexto de pandemia, operó de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.
Sin embargo, por lo vivido en el proceso electoral, hay señales de alerta que indican que la democracia mexicana está bajo asedio del crimen organizado y de actores políticos que operan sin escrúpulos de manera ilegal. Las amenazas y agresiones atentaron contra la integridad y vida de candidatas y candidatos, pero también contra los derechos políticos de millones de ciudadanos. Por distintas vías grupos delincuenciales definieron en última instancia la conformación de las boletas. De esta manera, afectaron los derechos políticos de la ciudadanía de algunas demarcaciones electorales, restringieron sus opciones de voto.
Los datos duros son ampliamente conocidos. De acuerdo con el Sexto Informe de Violencia Política de Etellekt Consultores (2021), el 77% de las 915 agresiones registradas fueron en contra de candidatos a cargos municipales, el 75% de las víctimas eran opositores a los gobiernos estatales en turno y las amenazas fueron el principal mecanismo de agresión (35%). Entre las cifras de asesinatos los registros dan cuenta de las siguientes víctimas: 91 políticos, 14 colaboradores, 40 familiares, 107 servidores públicos y 4 funcionarios electorales. Todo ello en el ámbito local del proceso electoral.
En este contexto, la atención mediática se centra en las víctimas que contendían por un cargo de elección popular a nivel local. Por tal motivo, en el ONC nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio de observación electoral de corte cualitativo que pusiera énfasis en los aspectos menos visibles de la violencia política: el ámbito federal y autoridades electorales. Por medio del método etnográfico en plataformas digitales analizamos las agresiones en redes sociales contra las y los integrantes del Consejo General del INE operadas desde las redes sociales.
Derivado de este ejercicio presentamos únicamente cinco conclusiones preliminares sobre la violencia política contra autoridades electorales: 1) esta modalidad de violencia se perpetró fundamentalmente por medio de amenazas de destitución; 2) las agresiones fueron realizadas por redes de bots que impulsaron exitosamente el hashtag #INECorrupto; 3) no hay evidencia de involucramiento del crimen organizado; 4) las amenazas tienen como objetivo mermar la legitimidad de la institución e influir en la labor de las y los Consejeros; y 5) las agresiones fueron reaciones a la coyuntura y decisiones sobre el proceso electoral, más que a los mensajes emitidos por los Consejeros en sus redes sociales.
De alguna manera el mundo digital fue una caja de resonancia de lo deliberado y decidido en el Consejo General del INE. Afortunadamente, las intimidaciones no trascendieron al ámbito real del trabajo cotidiano de las autoridades electorales. El mejor antídoto fue la participación ciudadana, la precisión del conteo rápido y el desempeño instituconal en general. Sin embargo, no hay que minimizar los riesgos que representan las amenazas proferidas en redes sociales.
En beneficio de nuestra democracia hay que evitar normalizar la idea de que el cargo de Consejero (a) Electoral va acompañado de una constante exposición a amenazas. No son “gajes del oficio” para ningún servidor público, sea un policía de tránsito, un burócrata de ventanilla o una autoridad electoral. La violencia, así sea simbólica, merma la calidad de la democracia. No hay que esperar un desenlace fatal para intervenir. En este caso, a la sociedad civil nos corresponde observar, señalar, diagnosticar (hasta donde sea posible) y hacer propuestas. Sin embargo, la formulación de políticas públicas, de mecanismo de prevención y, en su caso de protección, son obligaciones y atribuciones exclusivas de las autoridades federales y locales. Ahí está la asignatura pendiente para los próximos procesos electorales.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@normaoax
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@Ger_Bonilla
Investigador del ONC
Colaborador de Servicio Social del Observatorio Nacional Ciudadano
@fh_ha14
