Por Inés Amézaga Feijoo
Las calles de Montevideo se preparan de nuevo para tambores y pancartas: el paro del PIT-CNT del 29 de octubre promete ser el primer termómetro serio del clima político desde que Yamandú Orsi asumió en marzo de este año. Tras cinco años de centroderecha y el retorno del Frente Amplio con promesas de conciliación, Uruguay vive una prueba de estrés: salarios que no arrancan, demandas crecientes en educación, una sensación creciente de inseguridad y un debate fiscal que podría marcar el fin del consenso inicial. La pregunta es clara: ¿puede este gobierno sostener estabilidad sin perder el pulso social? Lo que pase este mes anticipará un cambio de tono político para lo que queda de legislatura.
Yamandú Orsi navegó con viento a favor en sus primeros meses. Su estilo sobrio, el diálogo con empresarios y sindicatos, y su insistencia en “desdramatizar la política” ofrecieron un contraste frente a la polarización en muchos países de la región, y brindaron tranquilidad ante el cambio de gobierno, tras la gestión del conservador Luis Lacalle Pou. Pero esa calma se agrieta en la realidad cotidiana de la negociación ante el dilema recurrente de la izquierda uruguaya: gobernar con el respaldo de los agentes sociales, pero sin quedar encorsetada por ellos. La conflictividad sindical, que se había reducido durante el periodo de transición del gobierno del Partido Nacional al Frente Amplio, vuelve a ocupar titulares y a tensar la relación entre el gobierno y sus aliados. A ello se suman fisuras internas dentro del propio Frente: los sectores más radicales reclaman un giro más redistributivo, mientras que los moderados defienden la prudencia fiscal y la necesidad de atraer inversión. El resultado es un escenario en el que el presidente debe ejercer más de equilibrista que de reformador.
El segundo frente no llega de la calle sino de los despachos. La Cámara de Diputados ya aprobó la adopción del impuesto mínimo global del 15 % para multinacionales, parte del paquete tributario, en un acuerdo impulsado por el Frente Amplio y apoyado por Cabildo Abierto. Esta medida, alineada con los estándares de la OCDE, busca evitar que grandes empresas desvíen fondos hacia jurisdicciones de baja tributación, pero también tensiona uno de los pilares del modelo uruguayo de inversión. Uruguay ha promovido durante años estabilidad jurídica, regímenes favorables para empresas tecnológicas y zonas francas como atractivos fiscales. Hoy esa ecuación se ve desafiada. El Ministerio de Economía presenta el impuesto como una reforma de justicia fiscal, mientras representantes empresariales advierten riesgos de pérdida de competitividad frente a mercados regionales que aún no lo implementan. No es un debate menor: el margen de maniobra fiscal es estrecho y las expectativas sociales crecen. Mantener la confianza empresarial mientras se responde a demandas sociales redistributivas exigirá una alta dosis de negociación y credibilidad.
Si hay un terreno donde la percepción pesa más que los números, es el de la seguridad. Uruguay sigue siendo, para la región, un país de bajas tasas de homicidio, pero la sensación urbana de inseguridad ha cobrado fuerza. Aunque los datos oficiales no muestran subidas dramáticas, lo cierto es que la violencia letal tiende a concentrarse cada vez más en Montevideo, donde los hechos de sangre se han vuelto más visibles y mediáticos. Esa preocupación se ha acentuado tras el atentado del 28 de septiembre contra la vivienda de la fiscal Mónica Ferrero: disparos y una granada detonada, atribuidos por las autoridades a represalias por incautaciones antidrogas. El hecho - sin heridos - golpeó duramente la idea de solidez institucional y reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para contener la expansión del narcotráfico. El gobierno enfrenta críticas porque estos episodios reflejan una amenaza que trasciende la delincuencia común: el crimen organizado desafiando las reglas del Estado. El dilema es claro para Orsi: optar por mano dura comprometería su sello - y el del país - de moderación. Por otro lado, apostar exclusivamente por medidas sociales y de prevención podría parecer débil frente al crimen organizado y no dar respuesta a las necesidades del corto plazo.
En lo político, el desafío más duro no viene de la oposición, sino de adentro. El Frente Amplio que regresó en 2025 es más heterogéneo y exigente que nunca. Conviven en él los viejos partidos de izquierda, los sectores progresistas moderados y una nueva generación de intendentes e independientes que empujan por modernizar la gestión pública sin renunciar a las banderas sociales. Esa diversidad, que fue su fortaleza electoral, ahora pone a prueba la disciplina interna. Temas como gasto, salario y educación exponen contradicciones entre quienes quieren profundizar su agenda más radical y quienes temen abrir frentes imposibles de sostener. Orsi, con gestión más colegiada que carismática, debe arbitrar esos conflictos sin fracturar el bloque gobernante, teniendo en cuenta además que la oposición no está tan fragmentada y en las últimas elecciones departamentales pudo recortar distancias. Su legitimidad y sostén dependen de la gestión cotidiana, del diálogo constante y de su capacidad para mantener al Frente como una coalición gobernante efectiva, no sólo como un proyecto electoral.
Los signos de desgaste son visibles, pero no definitivos. El Frente Amplio lidia con tensiones internas, la economía se adapta a un nuevo marco global y la seguridad se ha instalado en el centro de las preocupaciones ciudadanas. Aun así, Uruguay conserva algo que escasea en buena parte de América Latina: instituciones sólidas, cultura de pactos y una sociedad que todavía confía en los acuerdos. Orsi debe preservar esa confianza sin renunciar a las reformas que la sostienen, aquellas que reclaman sus bases y sus votantes, mientras responde a las urgencias que marca la ciudadanía. No hay crisis, pero sí hay ruido. Y en ese ruido, su verdadero desafío no es solo mantener el rumbo del gobierno, sino administrar expectativas: las de sus votantes, las de los sindicatos, las del mercado y las de su propio partido.
Investigadora, Observatorio de Reformas Políticas en América LatinaDoctoranda, Universidad Complutense de Madrid
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