Por: Simón Pachano
Según las encuestas recientes, la elección presidencial que se realizará el 9 de febrero será prácticamente una competencia entre dos de los dieciséis candidatos inscritos. Alrededor de dos tercios de las personas consultadas distribuyen sus preferencias, en proporciones relativamente similares, entre el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, la candidata de la coalición liderada por el expresidente Rafael Correa. Los demás candidatos aparecen con cifras tan bajas que ni siquiera podrían usarlas como recurso para negociar el endoso de sus votos para la segunda vuelta.
El panorama que reflejan los sondeos es muy similar al que se dibujó en las dos elecciones previas (de 2021 y 2023), en que la confrontación giró en torno al eje correísmo-anticorreísmo. En ambas elecciones, el electorado se polarizó entre esas mismas opciones (incluso en la última entre los mismos candidatos que se enfrentan ahora). Asimismo, en las dos ocasiones el resultado se definió en la segunda vuelta con el triunfo del anticorreísmo. Aunque hay observadores y actores políticos que sostienen que se trata principalmente de una disputa ideológica, con el presidente Noboa ubicado en la derecha y la candidata correísta en la izquierda, similar sustento tiene la interpretación que la considera como el enfrentamiento entre dos corrientes populistas. Se trata, por consiguiente, de una contienda ideológica, pero también de una disputa de dos opciones que giran en torno a liderazgos individuales. Uno de ellos, el de Daniel Noboa se presenta de manera directa, mientras que Luisa González actúa como vicaria del expresidente Correa, el líder único e indiscutible de la corriente política que la impulsa.
A pesar de las diferencias ideológicas, que se manifiestan en aspectos como el papel del Estado en la economía, las condiciones laborales o la orientación de la política exterior, el voto de los electores se orientará por temas que afectan de manera directa e inmediata a su vida cotidiana. La violencia, incrementada en los últimos tres años hasta niveles desconocidos en un país que se jactaba de ser una isla de paz, se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía y sin duda tendrá un efecto determinante en la orientación del voto. La demanda de mano dura, con el modelo Bukele al frente, ha tomado cuerpo en una población que ve amenazada diariamente su seguridad y su vida. En ese escenario, la expedición de sucesivos decretos de estado de excepción, la presencia de las fuerzas militares en las calles y la calificación como guerra interna al combate a los grupos de delincuencia organizada le otorgan al presidente una ventaja en la contienda. Otro factor que aparecía como determinante del voto hasta inicios de diciembre y que podía erosionar ese apoyo fue el de los cortes eléctricos -que llegaron a durar hasta catorce horas-, pero las lluvias se encargaron de borrarlos de la memoria de una mayoría que vive el presente inmediato.
Tampoco han tenido impactos significativos algunos hechos que en cualquier otra situación habrían producido variaciones significativas en la orientación del voto. Poco ha importado que el presidente ponga por delante su conflicto con la vicepresidenta y no se acoja a la licencia y deje temporalmente su cargo, y viole la ley electoral. Tampoco ha tenido peso el beneplácito del correísmo con el fraude realizado por la dictadura venezolana, así como los anuncios de perdón y olvido para sus líderes condenados por la justicia.
Dirigida básicamente a las redes sociales con sus mensajes instantáneos y simplificadores, la campaña apenas ofrece pistas muy vagas sobre la orientación que podría tener el próximo gobierno bajo cualquiera de las dos opciones. Después del auge de las exportaciones de las materias primas (que coincidió con los gobiernos de Rafael Correa) y de los efectos de la pandemia, Ecuador no pudo definir un rumbo claro y estable para su economía. Los indicadores del año pasado lo colocan en los últimos lugares entre los países latinoamericanos y las proyecciones para este año no anticipan el rebote. Los índices de pobreza, desempleo y subempleo dan cuenta de la gravedad de la situación. Sin embargo, la contienda electoral se desarrolla en otra dimensión, ajena a estos y otros problemas que deberían constituir una exigencia de redefinición radical de la manera de hacer política. Pero, la ausencia de partidos organizados, estables y con raíces en la sociedad lleva a que esta, como fueron las anteriores contiendas, sea un evento ajeno a la vida de una colectividad que debe acudir a votar porque existe la obligación legal de hacerlo.
Cabe señalar, finalmente, que un panorama similar se dibujó en la elección de 2023, pero el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a pocos días de la elección lo alteróradicalmente. El desconcierto del electorado llevó a Daniel Noboa desde los lugares más bajos de las preferencias al segundo lugar y al triunfo en la segunda vuelta. Es poco probable que algo similar pueda suceder en esta ocasión, pero el hecho fundamental, que es la volatilidad del electorado, es una constante a considerar.
FLACSO, Ecuador.
Miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
