Por Pamela Figueroa
El próximo 17 de diciembre la ciudadanía chilena acudirá a las urnas a pronunciarse por un nuevo texto constitucional. Es la segunda vez, en el plazo de un año, que se plebiscita una propuesta de reemplazo constitucional. Y en rigor es el tercer proceso, considerando el proceso constituyente abierto a la ciudadanía impulsado por la presidente Michelle Bachelet en 2016.
El caso chileno de cambio constitucional se ha vuelto un caso atípico. Si bien en las últimas décadas diversos países de América Latina han establecido mecanismos democráticos de cambio constitucional, el caso de tres intentos en siete años, dos de ellos fallidos, y un tercero con pocos pronósticos de éxito, hace que Chile sea un caso de interés para observar, y analizar qué factores pueden llevar a un fracaso recurrente a una sociedad que busca un pacto político institucional a través del reemplazo constitucional.
Observando los aspectos positivos, es destacable la vocación democrática de la sociedad chilena. En medio de una crisis institucional ha buscado caminos democráticos para resolver el conflicto, siendo la participación una de las principales herramientas de canalización de las demandas de la ciudadanía.
Sin embargo, hay otra cara del proceso: la imposibilidad de construir un consenso constitucional. El deterioro de la arena política, el desanclaje de los partidos políticos de la sociedad y las desigualdades, han generado una gran división entre personas representantes ciudadanía representada, resultando en desconfianza y malestar.
El problema de la elusión del consenso es más bien un problema de las elites. Y como nos recuerda Nadia Urbinati en su libro Pocos contra muchos. El conflicto político en el siglo XXI, “La elección siempre forma una elite”. Quienes se quedan fueran actúan juzgando al bloque protagonista. Los tres intentos de cambio constitucional han incorporado a diversos actores sociales. La paridad entre mujeres y hombres ha sido un hecho inédito en la representación política en Chile, así como la representación de pueblos indígenas e independientes.
El plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva constitución, fue una señal importante de este problema de un consenso elusivo. Las movilizaciones sociales y la violencia de octubre de 2019 mostraron directamente el malestar de la sociedad. La magnitud de la crisis generó una respuesta transversal desde el mundo político: abrir la puerta a un cambio constitucional por la vía democrática. Pandemia mediante, el ciclo electoral-constitucional de Chile continuaba, y se eligió una Convención Constitucional de izquierdas, que logró presentar un texto progresista. Lo que no se vislumbró en ese momento, y que sí podemos ver hoy en perspectiva, es que el resultado electoral correspondía a la tendencia que se ha dado en América Latina y Chile, de que las elecciones son un reflejo del malestar hacia las elites.
En diciembre de 2022 los partidos políticos alcanzaran un acuerdo para el cambio constitucional. Este nuevo acuerdo se dio en otro contexto político, con el presidente de izquierda Gabriel Boric iniciando su gobierno. En esta oportunidad se votó masivamente a la derecha y ultra derecha para los representantes en el Consejo Constitucional , el que ha presentado el texto que se votará este 17 de diciembre. Un texto conservador que tampoco se sostiene en la legitimidad transversal. Faltan aún semanas para el plebiscito, y las encuestas por ahora dan por ganador a la opción en contra, siguiendo la tendencia del malestar.
Instituto de Estudios avanzados, USACH, integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
