Celso de Oliveira Santos
En Brasil hay elecciones cada 2 años debido a la alternancia entre las elecciones municipales y aquellas nacionales y estaduales, pero el corto ciclo electoral brasileño parece tener otra característica: en los años pares hay elecciones, y en los impares, reforma electoral. Así es que en los últimos 10 años, siempre se cambia algo entre dos elecciones, a excepción del año 2023, en que no hubo ni reforma, ni elecciones - pero hubo intentos.
La tendencia reformista en la normativa y en la gobernanza electoral en Brasil no es novedosa: según datos recopilados por el equipo del #ObservatorioReformas, desde la redemocratización del país hasta el año 2009 se han producido por lo menos 9 reformas electorales. A estas se suman los cambios introducidos en 2015 por la Ley 13.165; en 2017, por la Ley 13.487; en 2019 con las Leyes 13.834, 13.877 y 13.878; y en 2021 por las Leyes 14.192, 14.208 y 14.211 y la enmienda constitucional 117. Pese a que en 2023 no hubo cambios, se impulsó una “mini reforma” en la Cámara cuyo trámite se dió en menos de 1 semana, pero no logró aprobación en el Senado por ser presentada a pocos días del plazo de anterioridad de la ley electoral. Entre otros efectos, se anisitiarían sanciones procedentes del incumplimento de las cuotas de género y etnia y de la respectiva destinación de recursos financieros y comunicacionales a estas candidaturas.
El cuadro normativo para las elecciones en Brasil está compuesto por un Código Electoral datado del año 1965 (2o de la dictadura militar), que sigue en vigor, y un conjunto de otras leyes y normas infralegales como la Ley de los Partidos Políticos, la Ley de Inelegibilidad y la Ley de Elecciones. Actualmente, hay por lo menos 12 proyectos de leyes, enmiendas a la constitución y otras especies normativas tramitando en el Congreso Nacional de Brasil - incluso el que no logró aprobación en 2023.
Mientras se buscan avances en gobernanza, en el modelo de representación y en la participatividad, sigue habiendo serios riesgos de retrocesos en el intento de unificar, actualizar y simplificar la profusión de normas de variados niveles jerárquicos que componen el complejo ordenamiento electoral brasileño. Entre las propuestas están la consolidación de un nuevo Código Electoral con más de 800 artículos (PL 112/2021), la prohibición de cualquier modalidad de reelección para los cargos ejecutivos (PEC 12/2022), la extinción de las cuotas de 30% de candidaturas femeninas en elecciones proporcionales (PL 4213/2020), y el aumento del número de escaños en la cámara baja (PL 4438/2023 - integralmente vetado por el presidente, pero que puede sufrir reversión del veto si el Congreso Nacional así lo vote).
Esta vez, los cambios impulsados por los legisladores en Brasil tienen que ser promulgados hasta el 3 de octubre para que valgan en las elecciones de 2026. Tratándose de elecciones que definirán la continuidad de la recuperación democrática de una sociedad aún polarizada y con instituciones amenazadas por actores internos y extranjeros, los indicadores que dicen que el país ha recuperado al nivel inicial la calidad democrática que había sido erosionada entre 2019 y 2023, a ejemplo del índice “Episodes of Regime Transformation” de V-DEM, todavía no permiten darlo por definitivo o garantizado - ni tampoco dan cuenta de un proceso de reparación respecto a las pierdas del periodo de retrocesos constatado.
No es que no sean verdaderas las notícias de una reconstrucción democrática en Brasil después de la elección de 2022 y del relativo éxito de las instituciones democráticas en reaccionar al intento de golpe violento ocurrido en el 8 de enero de 2023. Sin embargo, desde el Poder Legislativo se ha demostrado que hay fuerzas políticas dispuestas a deshacerlo y a volver a erosionar la calidad de la democracia en el país, por lo que la sociedad y los actores políticos realmente comprometidos con la democracia deberán mantenerse vigilantes.
Miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
