A cinco años de la alternancia en el Poder Ejecutivo federal, México debe redoblar esfuerzos en la lucha anticorrupción. Para ello, necesitamos un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) completo, cuyo Pleno garantice los derechos a saber y a la privacidad de la sociedad.
Por falta de quórum, desde abril, el Instituto acumula 6,627 medios de impugnación (5,535 de acceso y 1,092 de datos personales), lo cual va en detrimento de la calidad de la democracia y del Estado de derecho en nuestro país.
El mejor ejemplo que demuestra que existe una amplia brecha entre el discurso político y la realidad, entre la promesa del combate a la corrupción y la efectiva disminución del delito, es Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y sus filiales Liconsa y Diconsa.
Este es uno de los casos más emblemáticos de opacidad –incluso reconocido por el titular del Ejecutivo Federal–, debido al presunto desvío de 9 mil 500 millones de pesos (cifras de la Secretaría de la Función Pública, aunque la Auditoría Superior de la Federación, en la Cuenta Pública 2021, observó irregularidades por 6 mil millones más).
En febrero del presente año, la ponencia a mi cargo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar información relacionada con las denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex; la propia FGR ha informado que investiga 100 denuncias al respecto. Esta instrucción fue apoyada por unanimidad por el Pleno del INAI.
Además, en la última sesión de Pleno (30 de marzo), presenté un recurso de revisión en contra de Segalmex y, por unanimidad, INAI le instruimos a entregar documentación sobre productos alimenticios que no se consumieron, e informar sobre los criterios utilizados para determinar la canasta básica de alimentos de Diconsa.
Dado que el Pleno del INAI lleva tres meses sin sesionar (de forma ordinaria), este tipo de recursos no pueden ser resueltos, lo que impide la garantía del derecho al acceso a la información.
El interés social por el caso Segalmex aumenta: a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hasta el 28 de junio han ingresado 408 solicitudes de información; además, registramos 73 recursos de revisión interpuestos. Sin embargo, el Pleno del INAI resolvió que, en el 65.1% de los casos recurridos, la persona recurrente recibiera la información solicitada.
Con el caso Segalmex pierden los productores del campo (que, por cierto, tengo la fortuna de conocer unas de las empresarias más exitosas en este sector); y se pone en riesgo el compromiso por la autosuficiencia alimentaria. También pierden los ciudadanos, quienes quieren un México donde se pueda confiar en el quehacer de las instituciones.
Si existe interés genuino por parte de las autoridades para luchar contra la corrupción y la impunidad en este asunto, debe existir el mismo compromiso y voluntad política del oficialismo por nombrar a los Comisionados del INAI. La opacidad debe ser combatida desde todos los frentes, y el respeto a los órganos autónomos es fundamental.
Por ello, la relación y el trabajo con los fiscales anticorrupción es fundamental. Investigar y castigar presuntos actos de corrupción tiene como base la información pública, por lo que la vinculación es vital, así como tener organismos que puedan trabajar a plenitud.
@JulietDelrio
