El voto es uno de los instrumentos más accesibles de rendición de cuentas. Con cada boleta electoral, la ciudadanía refrenda, castiga o simplemente se expresa sobre el quehacer público, sobre la forma en la que actúan quienes nos representan o gobiernan.
Sin embargo, en las democracias modernas se advierte un problema: después de votar, hay un sector de la sociedad que se desinteresa de lo político y no participan en procesos públicos, posteriores al día de la elección.
¿Qué pasa después de que las personas votan? Las urnas no son el único mecanismo de participación política. El voto es el primer paso en la participación social en los procesos políticos. Se trata de un acto de rendición de cuentas que no termina con el sufragio, sino que continúa después de la jornada porque después del voto debemos dar seguimiento a la gestión de las nuevas autoridades, y fiscalizar a quienes dejan el cargo.
Los ciudadanos tenemos que asumir como una obligación el vigilar la actuación de aquellos que asumen un puesto de elección popular, y de que quienes refrendan su encargo cumplan con los compromisos asumidos a lo largo de su campaña.
Por ello no agotamos la democracia con nuestro voto; es más, el sufragio es apenas el primer paso de un largo camino hacia la rendición de cuentas en donde la información de calidad que la sociedad tenga a su disposición resulta fundamental para la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática.
¿Cómo logramos que la sociedad continúe participando después de emitir su voto? Una de las respuestas la encontramos en el derecho que tienen las personas a recibir información de calidad, un derecho consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política desde 1977, pero reglamentado más de treinta años después, primero con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Hoy, como ustedes saben, el derecho a la información está respaldado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 32 Leyes locales en la materia, un marco normativo robusto que permite a la sociedad conocer el quehacer de las autoridades y solicitar información a más de 8 mil instituciones públicas de los tres poderes y niveles de gobiernos, además de partidos políticos, organismos autónomos, universidades y fideicomisos, básicamente a cada ente que reciba o ejerza recursos públicos, o ejerza algún acto de autoridad.
Tenemos que asumir como un derecho, pero también una obligación ciudadana, vigilar que quienes asumen un puesto de elección popular cumplan con los compromisos prometidos en campaña.
Coincidamos en reiterar que, no agotamos la democracia con nuestro voto; es más, es apenas el primer paso de un largo camino hacia la rendición de cuentas, en donde la información de calidad es el insumo fundamental que posibilita la vigilancia y el control social para evitar abusos, disuadir la corrupción y mejorar el trabajo de las y los servidores públicos.
Se trata de un círculo virtuoso, en el que el voto, es tan sólo uno de los elementos o etapas de participación y empoderamiento ciudadano, así y solo así, la democracia será el poder del pueblo.
A nivel internacional, existe una tendencia a utilizar las nuevas tecnologías para generar mayor participación social. En México, el ejemplo más claro es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pilar de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.
