Cuando hablamos de rendición de cuentas nos referimos a un ejercicio democrático de transparencia en el gobernar y a la obligación de las autoridades de informar acerca de sus acciones y también de las razones por las que las llevan a cabo. La información que se genera es fundamental para que los ciudadanos evalúen su trabajo y tomen decisiones. Así, el proceso de rendición de cuentas resulta esencial para la fiscalización, uno de los elementos básicos para combatir la corrupción.
En México, los procesos de fiscalización integral del gasto público están a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de alta especialización que, aunque depende del Poder Legislativo, goza de autonomía técnica y de gestión para realizar su función sustantiva: verificar el buen manejo de los ingresos y del gasto, reflejado en los informes de fiscalización que, luego de la aprobación de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de 2016, en el marco de la reforma anticorrupción, se presentan de manera parcial el 20 de febrero, el último día de junio y el último día de octubre.
A través de este órgano especializado, el Poder Legislativo cumple con una de las labores que dan origen a la teoría de la división de poderes, que es la de fungir como equilibrio institucional al ejercicio del gasto, por parte de las instituciones que conforman la arquitectura constitucional en nuestro país.
Por ello, en un gran ejemplo de vida en democracia, la ASF realizó la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la propia ASF, se realizaron 647 auditorías al Gasto Federalizado; 52 de Cumplimiento Financiero; 68 son de Desempeño; 53 son de Cumplimiento a Inversiones Físicas, y 22 son Combinadas de Cumplimiento y Desempeño. También hay nueve Evaluaciones de Políticas Públicas, 8 Auditorías de Cumplimiento a Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y 6 de Cumplimiento Forense y un estudio.
Todo esto se traduce en un universo de datos duros que deberán ser analizados por la propia Cámara, así como por las instituciones, pero también por quienes impulsamos las cuentas claras, ya que son insumos integrales rumbo a la consolidación de un ejercicio pleno de responsabilidad institucional, jurídica y administrativa. En total, 1610 auditorías, con una emisión de 5 mil 393 acciones, que son los instrumentos jurídicos que la ASF promueve ante la entidad fiscalizada cuando hay observaciones. Las acciones son de dos tipos: preventivas (que ayudan a fortalecer el cumplimiento de los objetivos) y correctivas, que se emiten cuando se presume un daño al presupuesto.
Es importante destacar que dicho instrumento permite a los entes auditados contar con información objetiva acerca de su trabajo y de sus resultados, y de esta manera minimizar los errores e incluso modificar sus procesos para simplificarlos y hacerlos más eficientes, amén del seguimiento de la ASF con el objetivo de recuperar los recursos que se determine, al concluir el proceso.
La utilidad del informe de resultados trasciende a las entidades y dependencias bajo escrutinio. Por su naturaleza, será un tema obligado al interior de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), a la que me honra pertenecer.
