Existe una gran controversia sobre la forma con que se debe enfrentar la crisis. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demanda al gobierno un plan de salvamento para el sector empresarial (diferimiento de impuestos, programa tripartitito para solventar salarios en el periodo de confinamiento y apoyo a los empresarios) y, ellos garantizar el empleo y el funcionamiento de la Mipymes, o sea, reeditar un programa de rescate empresarial. Por su parte, el gobierno, a partir de su programa económico, definió enfrentar la crisis concentrando el apoyo a los grupos más desprotegidos y con menos recursos (adultos mayores, pobres) y la micro y pequeña empresa, garantizando liquidez a los demandantes crediticios.
A ello debemos añadir que esta crisis es particular, porque en su primera fase debe proveer servicios sanitarios (a un sistema salud precarizado y debilitado), y apoyar a la población confinada. Lo cual ha sido enfrentado con una redistribución del gasto gubernamental hacia el sector salud; y canalización de recursos a la población confinada sin ingresos, ni ahorros, para resistir la pandemia.
El costo financiero relacionado al sector sanitario aun es desconocido, porque la pandemia está en curso y probablemente generara un déficit fiscal. El apoyo a los sectores confinados está compuesto por becas, las cuales están contempladas en el gasto del gobierno, adelantándose sus ingresos en esta parte de la crisis, y el otorgamiento de tres millones de créditos (25000 pesos por cada uno), a tasas preferenciales y pagaderas en un promedio de tres años. Su costo asciende a 75 mil millones de pesos, el cual, creemos que deberá expandirse a medida que se alargue el confinamiento.
Adicionalmente, el Banco de México ha decidido en sesión extraordinaria, reducir la tasa de interés (aún insuficiente, pero en espera de mayores reducciones en mayo) y crear un programa, Facilidades de Liquidez Adicional Ordinaria, por 750 mil millones de pesos (en total, aunados a otros programas, asciende a 3.3% del PIB de 2019), con incentivos para apoyar las Mipymes, clase media, y la gran empresa, para enfrentar los pagos pendientes (salarios, impuestos y créditos por vencer) y ha reeditado programas del pasado que incentivan la canalización de créditos a sectores preferenciales.
El costo de la reconstrucción de la economía no está contemplado en las erogaciones actuales (calculado en1% del déficit del PIB), específicamente en los programas de creación de empleo, fortalecimiento de infraestructura, salud, vivienda, desarrollo de programas regionales, soberanía energética, y debería incluirse la alimentaria.
Las interrogantes son, si los proyectos emblemáticos de la 4T deben mantenerse y sí habrá déficit fiscal. Al respecto creemos que dichos programas son necesarios para la reactivación económica, marcadamente el fortalecimiento a PEMEX y CFE, incluso en periodos de reducción del precio petróleo, en tanto no tiene como objetivo petrolizar la cuenta corriente ni el ingreso fiscal, sino garantizar y mantener reducidos los precios de los insumos básicos.
Finalmente, y hay que decirlo claro, el gobierno no debe reducir el gasto de apoyo a la producción ni a la población con hambre. Es imperante, si es necesario, incurrir en déficit público, el presidente declare que así se hará. Sí necesitamos unidad nacional, pero no nos equivoquemos, debe ser para reanudar el crecimiento y no para para socializar las pérdidas de la clase empresarial.
Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social, CACEPS, caceps@gmail.com
