En México no se inauguran obras: se inauguran lugares que sufrirán abandono con fecha diferida. Cortes de listón, discursos grandilocuentes y placas conmemorativas marcan el inicio de un proceso casi inevitable: el deterioro acelerado de la infraestructura pública.
El caso de la biblioteca Vasconcelos, retratado a la perfección por la sección de Cultura de EL UNIVERSAL, es el símbolo más visible de una enfermedad nacional: la absoluta ausencia de una cultura del mantenimiento, y si nos vamos a los deportes no encontraremos un panorama más halagüeño.
El problema no es la falta de dinero —aunque se use como pretexto—, sino la falta de responsabilidad. Sin mantenimiento, toda inversión se pierde. Así de simple. El país está lleno de instalaciones ociosas, subutilizadas o directamente en ruinas, mientras se sigue apostando por construir más, como si el concreto nuevo borrara la negligencia acumulada.
Las albercas públicas son el ejemplo perfecto. Espacios que podrían operar al 100%, con esquemas legítimos de cobro para garantizar su intendencia, servicio y conservación. Pero no: con frecuencia se concesionan a vivales que las exprimen como negocios privados, obtienen ganancias extraordinarias y, presuntamente, reparten recursos “por debajo del agua” a quienes deberían vigilarlos. La pregunta es tan obvia como incómoda: ¿a quién le corresponde impedir esto? ¿Quién supervisa? ¿Quién responde?
La responsabilidad es clara y no admite rodeos: quien maneja la instalación y, en el ámbito local, el alcalde en turno. No hay justificación posible para que una instalación pública “se caiga”. Ninguna. Mucho menos cuando presta un servicio directo a la sociedad. La falta de mantenimiento no es un error técnico: es una omisión política.
Las causas son estructurales y conocidas. La rivalidad política condena obras útiles solo porque las construyó “el otro”. La corrupción normaliza concesiones opacas. La continuidad administrativa es inexistente. Y el resultado es cíclico: cada tres años se vuelve a empezar desde el hoyo, sin recursos, sin planeación y sin memoria institucional.
Un ejemplo de ello es el caso de la alberca olímpica en la Casa Hogar para Varones en San Jerónimo, que fue habilitada y jamás utilizada. Brutal. Infraestructura lista, funcional, entregada “flamante”… y abandonada para siempre. Y lo mismo pasa en hospitales, deportivos y centros culturales de todo el país. El desperdicio de la inversión pública no es una excepción: es el sistema.
La regla debería ser elemental: no construir nada sin saber cómo se va a mantener. No edificar obras de segunda que colapsan en dos años. No iniciar proyectos sin un modelo de operación que garantice su sostenibilidad.
Construir bien cuesta, pero reconstruir la negligencia cuesta mucho más. En otros países, los cambios de gobierno traen mejoras. Aquí traen parálisis. Mientras no se entienda que gobernar es conservar y mejorar lo recibido —aunque el pasado haya sido un desastre—, México seguirá siendo el país que presume inauguraciones y hereda ruinas.
El mantenimiento no es un lujo. Es una obligación ética. Y su ausencia es una forma silenciosa de corrupción.
Profesor deportivo