Uno de los peores momentos de credibilidad para López Obrador comenzó desde el 13 de julio del 2003, cuando el entonces encargado de finanzas públicas para la capital, el doctor Carlos Urzúa, dejó su puesto en la administración del entonces Jefe de Gobierno. AMLO decidió sustituirlo con el subsecretario de Egresos del DF, Gustavo Ponce Meléndez, y ahí comenzó su infortunio.
Apenas ocho meses después, en marzo del 2004, un video y fastuosas cuentas de un casino de Las Vegas acabaron con la carrera del nuevo secretario de Finanzas y auguraron un periodo de crisis para el funcionario tabasqueño.
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Lo que pasó en Las Vegas, no se quedó en Las Vegas
La primera gota que derramó el vaso en los llamados “videoescándalos” del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, cayó el primero de marzo del 2004, cuando el periodista Joaquín López Dóriga presentó una investigación exclusiva en contra del entonces secretario de Finanzas de la capital, Gustavo Ponce Meléndez.
Hace ya 20 años, el reportaje del periodista Óscar Hernández exhibió cómo el funcionario capitalino pasaba varias noches en las mejores mesas de blackjack del Hotel Bellagio, en Las Vegas, uno de los sitios más exclusivos de la llamada “ciudad del pecado” y donde las apuestas comienzan a partir de 300 dólares.
Según la investigación de Televisa, el viaje donde captaron a Ponce Meléndez comenzó desde el 19 hasta el 22 de febrero del 2004, cuando el experto en finanzas todavía debía estar en oficinas de la capital. El noticiero obtuvo datos y cantidades exactas de la estadía del funcionario, quien dejó varias propinas que excedían los 4 mil pesos y consumos de más de 30 mil.
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Entre los datos que se exhibieron aquel primero de marzo se confirmó que Gustavo Ponce viajó 17 veces a Las Vegas desde 2002, cuando todavía no era secretario de Finanzas. Televisa reportó que el funcionario apenas percibía un salario mensual de 60 mil pesos desde julio del 2003, lo que no explicaría sus fastuosos gastos en casinos.
Aquel reportaje fue un duro golpe para la gestión obradorista y su respuesta fue inmediata. Esa misma noche, el entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, sostuvo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal había abierto una investigación contra el todavía secretario por enriquecimiento ilícito, peculado y posible participación en un fraude por 31 millones de pesos.
En entrevista telefónica con López Dóriga, Bátiz confirmó que no había “explicación lógica para argumentar cómo un secretario del gobierno capitalino, que gana 60 mil pesos mensuales, gastó 2 mil dólares en propinas en cuatro días”, según recuperó este diario el 2 de marzo de 2004.
Apenas horas después de la exclusiva, López Obrador cesó a Gustavo Ponce de su cargo, aunque compartió que el exfuncionario realizó su viaje del 19 de febrero por una ocasión especial, como festejo por su aniversario de bodas.
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El entonces Jefe de Gobierno aseguró que Ponce Meléndez “dará la cara”, que explicaría su versión de los hechos y que su destitución no significaba una condena por anticipado, pero “nadie puede desempeñar un cargo bajo sospecha”.
Tras conocerse las grabaciones de Ponce Meléndez en el Bellagio, representantes del establecimiento se deslindaron del video y documentos que incriminaban al exfuncionario.
Según sus voceros, la entrega de materiales sólo se permite con una orden judicial, de lo contrario, se incurría en una violación de privacidad. Una vocera de la Asociación de Administradores de Casinos del Sur de Nevada advirtió que quienes grabaron al exsecretario cometieron un posible delito, en especial si lo hicieron con cámaras espía y sin permiso del hotel.
Esa misma mañana del 2 de marzo, la contralora del gobierno capitalino, Bertha Luján –madre de Luisa María y Bertha María Alcalde– informó sobre una auditoría a la Secretaría de Finanzas, pero argumentó “tengo mucho trabajo; no puedo estar atenta a 300 mil trabajadores del gobierno”.
La contralora general informó sobre el patrimonio del ahora exsecretario, quien tenía cuatro propiedades –todas en Coyoacán, según reportó EL UNIVERSAL el 3 de marzo–, tres cuentas bancarias con diversos montos y un coche del año. Para ese momento, Alejandro Encinas –secretario de Gobierno obradorista– tomó protesta a Arturo Herrera como nuevo encargado de finanzas.
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“Estamos confiados que el error de una persona no puede afectar a todo el gobierno y que cada quien tiene que asumir el costo de su responsabilidad. […] Los funcionarios [de cualquier nivel] pueden meter la pata, pero no la mano”, comentó Encinas.
Reportaje de Noticieros Televisa del primero de marzo del 2004, exhibiendo las grabaciones y documentos de un viaje a Las Vegas del secretario de Finanzas. Fuente: Televisa/YouTube.
A AMLO le llovió sobre mojado
EL UNIVERSAL recopiló declaraciones de diversos actores políticos frente a la situación de Gustavo Ponce; entre esos estuvo el entonces coordinador del PRD en la Asamblea Capitalina, René Bejarano, quien sostuvo que “si se comprueban los ilícitos, se debe actuar apegado a la ley”.
Irónicamente, el 3 de marzo del 2004 y en otro programa de televisión, Bejarano protagonizó su propio “videoescándalo”. Víctor Trujillo “Brozo” –con apoyo del diputado panista, Federico Döring, cercano a la Primera Dama, Marta Sahagún– presentó una grabación del perredista recibiendo grandes e inexplicables cantidades de dinero de manos del empresario argentino, Carlos Ahumada.
La debilitada administración de López Obrador sufrió otro golpe a menos de 48 horas del conflicto con Ponce Meléndez. Aunque las autoridades locales y federales continuaban con las investigaciones del exsecretario de finanzas, el escándalo de Bejarano impactó más en la opinión pública.
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Para el 5 de marzo, el columnista de este diario, Francisco Cárdenas Cruz, cuestionó la procedencia de los videos del Hotel Bellagio de Las Vegas, además de las facturas e itinerario que expusieron a Gustavo Ponce. Para ese momento, López Obrador ya sospechaba del entonces presidente panista, Vicente Fox, de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.
Cuatro días después, el 9 de marzo, se informó que la Procuraduría capitalina por fin giró una orden de aprehensión contra Ponce Meléndez y otra para el empresario Carlos Ahumada, por su presunta complicidad en la malversación de 31 millones de pesos.
“Soy un chivo expiatorio”: Ponce
En conferencia de prensa, el secretario Alejandro Encinas aseguró que el 8 de marzo le llamó un individuo que se identificó como Gustavo Ponce, quien pidió detener el “linchamiento público” en su contra y que tenía pruebas de cómo el mismo AMLO le solicitó movimientos financieros ilegales para sus obras de infraestructura.
Para ese momento, el exfuncionario ya era prófugo de la justicia, con ficha de la Interpol en 32 países, búsqueda que aumentó a 188 territorios en pocas semanas.
Para el 16 de abril del 2004, este diario informó sobre las acusaciones que el entonces Jefe de Gobierno emitió contra la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda, pues informó que ambas dependencias federales tenían conocimiento de presuntos movimientos ilícitos de Gustavo Ponce 13 días antes de que Joaquín López Dóriga lo señalara en su noticiero.
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“Hacienda y PGR actuaron de acuerdo con motivación política de carácter faccioso”, dijo López Obrador tras asegurar que el gobierno federal ocultó la información sobre su secretario de Finanzas, con el fin de desacreditar su gestión en la capital. La respuesta de Fox no fue menos incendiaria.
“Grave, seria e infundada la acusación; no nos prestaremos a juegos políticos o evasión de responsabilidades”, dijo el Ejecutivo. Según datos que Andrés Manuel facilitó a los medios, el video y documentos de Las Vegas llegaron a manos mexicanas a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, enviados a la Secretaría de Hacienda y después diferida a la PGR.
Pasaron más de siete meses desde la exclusiva de Joaquín López Dóriga para que las autoridades capturaran a Gustavo Ponce Meléndez. El exfuncionario se ocultó en Tepoztlán, Morelos, pero fuerzas de la AFI lo ubicaron y arrestaron el 9 de octubre del 2004.
Para ese momento, quien fuera experto en finanzas públicas ya tenía dos órdenes de aprehensión por lavado de dinero y transporte de grandes cantidades de dinero no declaradas afuera del país.
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En 2009, Ponce Meléndez recibió sentencia de ocho años de prisión por lavado de dinero y tenía un proceso pendiente por fraude general, pero gracias a las pruebas “insuficientes” que presentó la procuraduría capitalina, el cuestionable funcionario salió libre bajo amparo definitivo el 14 de marzo de 2014, diez años después de su fin de semana en “la ciudad del pecado”.
- Fuentes:
- Hemeroteca EL UNIVERSAL
