Miguel Sarre* y Selene Ramos Flores**
De aprobarse el proyecto del ministro González Alcántara sobre la reforma judicial se abrirán alternativas viables para lograr que esta no sólo se lleve a cabo, sino que sea profunda, eficaz, pacífica y económica. La respuesta de la mayoría gobernante ante la mayoría calificada en la Suprema Corte podría encontrar una alternativa audaz en vez de la ominosa escalada de la crisis constitucional.
La clave puede estar en modificar el proceso de ratificación de los titulares de los órganos jurisdiccionales, ya previsto en el artículo 97 constitucional (antes de que este aspecto de la reforma fuera anulado) y aplicarlo aún a los juzgadores ya ratificados.
El mecanismo para controlar la actuación judicial era un ejercicio acartonado sustanciado por el propio Consejo de la Judicatura Federal a partir de distintas métricas de desempeño y formación. Para muestra de ello pueden consultarse las versiones públicas de los procesos de ratificación.(https://www.cjf.gob.mx/transparencia/apps/cr/iuconsulta.aspx)
Se exige, en cambio, un control social continuado de la gestión judicial que introduzca la oralidad en estos procedimientos mediante un sistema de audiencias públicas en sede legislativa en las que se complemente y debata la información proveniente de los órganos judiciales, como una forma de control constitucional interorgánico.
Como se puede apreciar de los procedimientos de ratificación, los datos que venía considerando el Consejo son insuficientes. Por ejemplo se examinaba el diferimiento de audiencias, pero, en materia de ejecución penal, no se cuestionaba que las controversias planteadas fuesen resueltas, injustificadamente, fuera de audiencia.
La oralidad en las ratificaciones favorecería la consideración de elementos cualitativos para una auténtica evaluación, como la información arrojada por encuestas confidenciales aplicadas al personal judicial y a las partes, la revisión aleatoria de expedientes, carpetas, registros audiovisuales e incluso la consulta de las redes sociales.
Por supuesto, todos los medios de prueba estarían sujetos a verificación o refutación con arreglo a las normas del debido proceso aplicadas por las comisiones respectivas del Senado y de los congresos locales.
Estos instrumentos permitirían, entre otros casos, demostrar desde el desconocimiento de la nueva legislación por parte de las personas juzgadoras, hasta situaciones de hostigamiento laboral, acoso sexual, violencia de género y otras arbitrariedades hacia adentro y hacia afuera de los juzgados que actualmente no se denuncian por el temor a represalias. Lo mismo ocurre con continuas ausencias de los titulares bajo la excusa de la "formación constante".
Lo anterior, es también una oportunidad en tanto serán los propios juzgadores y juzgadoras quienes defiendan su trabajo de cara a la sociedad y, en su caso, harían valer su buen desempeño; también les daría la posibilidad de exponer sus necesidades y las problemáticas que enfrentan. Juzgar no es cosa fácil y de esta forma también se humanizará su función. La retroalimentación siempre será mejor que mantenerse en una oficina a puerta cerrada; el diálogo con los usuarios del servicio y el control legislativo generarían una sinergia que sin duda mejoraría la impartición de justicia. En este sentido no bastaría una sola ratificación; necesitará ser periódica.
La alternativa esbozada además de evitar que paguen justos por pecadores favorecerá la justicia y la paz social. Adicionalmente, como ya se ha propuesto, los cuantiosos recursos presupuestales para las elecciones judiciales generales del próximo año podrían destinarse a la urgente reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos naturales. Recordando al pensador francés Léon Bloy, “El dinero es la sangre del pobre”.
A esta iniciativa, que implicaría nuevas pero necesarias reformas constitucionales, habría que agregar otras para combatir eficazmente el nepotismo y abatir la endogamia judicial mediante concursos abiertos en la Escuela Federal de Formación Judicial (donde se privilegien los criterios jurídicos sobre la memoria).
Entre el personal judicial, así como en sectores de la sociedad civil y de la academia, la promisoria decisión de la Suprema Corte les puede abrir el paso de las protestas a las propuestas. Como decía Sertilange, “el punto más oscuro de la noche es el que precede al amanecer”.
*Primer ombudsperson en México (Aguascalientes, 1988-1990).
** M. en D. (ITAM); secretaria de Juzgado de Distrito (CDMX).
