Quiero recordar aquí que, en julio de 1999, cuando Chávez apenas tenía cinco meses en el poder, una marcha de pequeños comerciantes informales, que se dirigía a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores -a protestar por las constantes extorsiones, robo de mercancía y detenciones ilegales por parte de la policía-, cuando estaban a unas cinco cuadras de su destino, fueron atacados por un grupo de facinerosos que llegaron a bordo de unas motocicletas. Los golpearon con palos, porras y una mujer recibió un brutal golpe en el hombro derecho con el casco de uno de los facinerosos. No he olvidado un dato que entonces parecía sin importancia, y que ahora adquiere una interesante relevancia: un reportero de Radio Caracas Televisión, que presenció aquellos hechos, comentó que varias de las motocicletas eran nuevas, idénticas unas a otras. ¿Acaso el poder ya les había dotado de los recursos necesarios para adquirir motocicletas nuevas con las que impedir el derecho a la protesta?
No estoy seguro de que este ataque haya sido la primera aparición pública de un grupo violento y armado -es decir, de un grupo paramilitar-, sin consecuencia alguna para sus miembros, con el chavismo ya instalado en el poder. Entonces, ni la policía ni la Guardia Nacional movieron un pie para proteger a quienes marchaban. Los dejaron indefensos, apaleados e impotentes. Lo que pasó ese día, en sus gruesos enunciados, es la escena repetida a lo largo de 24 años: un grupo de violentos, al servicio del régimen, que actúa, no solo con absoluta impunidad, sino en muchas ocasiones, bajo la protección de los cuerpos policiales y militares.
Cuando se investiga sobre el origen del paramilitarismo chavista, no solo sorprende constatar que el paramilitarismo estuvo en el núcleo fundador del movimiento golpista (recordemos que había civiles armados, directamente vinculados a las dos intentonas golpistas de 1992), sino que hay casos, como el del Colectivo La Piedrita, cuyo sitio web -por lo visto, desactualizado desde hace años- informa que el grupo fue creado en diciembre de 1985, seis años antes de la intentona del 4 de febrero. Como si dijéramos: los delincuentes que dirige Valentín Santana estaban esperando por la llegada de su mesías, el conspirador y golpista teniente-coronel Hugo Chávez Frías.
Uno de los primeros usos del paramilitarismo que Chávez hizo en Caracas, fue la creación de la que se llamó “La esquina caliente”. Aparecieron en diciembre de 1998, días después del triunfo electoral de Chávez. Ocuparon una parte de la plaza Bolívar, convirtieron el lugar en una especie de sede abierta (en otras palabras, cometieron un acto de apropiación de un espacio público, por lo demás, un espacio cargado de simbolismo), y desde allí, no solo se dedicaron a lanzar ataques contra políticos opositores, periodistas o simples peatones -atacaban con botellas y vasos de vidrio, tubos de metal, piedras y más-, sino que impedían la circulación de cualquier ciudadano por el punto y sus alrededores. La esquina caliente fue el primer caso, ampliamente difundido, de delincuentes comunes, matoncillos de barrio, malhechores, drogadictos y otros sujetos del mal vivir, que se incorporaban a la “revolución bonita”, a la construcción de “Venezuela como potencia mundial”: se incorporaban para ejercer formas de violencia física contra el derecho constitucional de los ciudadanos a circular libremente.
A partir de ese primer momento, las bandas paramilitares y motorizadas, surgieron en decenas de ciudades en todo el país (en 36 ciudades, de acuerdo con un reportaje de El Nacional, de 2005). Algunos de estos colectivos, como los de la ciudad de Mérida, adquirieron rápida fama, por los violentos ataques que realizaban, con insólita frecuencia, en contra de estudiantes de la Universidad de los Andes, estuvieran o no protestando.
Desde 1999, no ha habido ni un momento del transcurrir político y social, en los que no se hayan producido acciones violentas por parte del paramilitarismo del régimen, sobre la humanidad de políticos, dirigentes sociales, periodistas en ejercicio profesional o sobre simples e indefensos ciudadanos. De hecho, el uso de la herramienta paramilitar como instrumento privilegiado de sometimiento e instauración de un estado permanente de miedo, ha llegado hasta este extremo: la realización de operaciones militares y policiales conjuntas, entre las bandas paramilitares, los cuerpos policiales y los cuerpos militares, especialmente durante marchas y concentraciones de protesta. Decenas de periodistas y fotógrafos venezolanos y de otros países han sido testigos de cómo militares y policías se retiraban de la custodia de una protesta, para dejarlos expuestos a la virulencia de los moto-armados del chavismo-madurismo. Entre las hazañas de estas bestias cobardes (no es una contradicción: la bestia es, por naturaleza, cobarde), están los centenares de ataques a ancianos, docentes, enfermeras, empleados públicos, mujeres que protestaban por las fallas en los servicios públicos, estudiantes y más. Durante tales proezas, las fieras han asesinado a más de 20 personas (¿24, 25 o más?); han dejado a 4 personas en condición de minusvalía; han causado lesiones y daños corporales y psicológicos de indiscutible gravedad: ¿acaso hay uno, aunque sea uno, preso por tales crímenes?
La cuestión esencial, cuando se revisa, aunque sea de forma superficial, el largo, inagotable y brutal expediente del paramilitarismo como factor del régimen, uno se percata de que no se trata de un recurso que se usa o no, de una herramienta como cualquier otra: el paramilitarismo es esencial, es constitutivo del régimen de Chávez y Maduro. Es, en realidad, su expresión más acabada, porque a través de él -a diferencia de lo que ocurre con los cuerpos militares y policiales- puede ejercer la violencia contra los ciudadanos, de forma ilimitada, anónima, sin control, sin reglamentos y sin jerarquías.
Así, los recientes ataques a las marchas y actividades proselitistas de varios de los precandidatos de la oposición, son noticias que no sorprenden: son la respuesta oficial y burocratizada del poder en contra de los derechos de los ciudadanos. ¿O es que hemos olvidado que solo hace unas semanas, un general de la Guardia Nacional amenazó a un grupo de docentes de enviar a los colectivos si no disolvían una concentración? ¿Necesitamos más pruebas de que el régimen es paramilitar y que el paramilitarismo es el régimen?
Presidente editor de El Nacional de Venezuela
