La Constitución mexicana acaba de cumplir 107 años. Fue promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año. Se le han hecho más de 700 modificaciones a través de 256 diversos decretos aprobados por el Poder Reformador de la Constitución (el más reciente fue publicado el 24 de enero de este año 2024).
Ahora hay nuevas propuestas de reformas, como las cientos que se presentan cada año en el seno de las Cámaras del Congreso de la Unión. Habrá algunas que sean aplaudibles, como la idea de elevar a rango constitucional la prohibición del maltrato animal siguiendo el ejemplo de países como Alemania, pero otras son preocupantes, ya que se presentan sin que exista un diagnóstico preciso y sin que se haya producido discusión pública alguna, más allá de lo que se escucha en las conferencias matutinas de Palacio Nacional.
Se quiere emprender una reforma electoral, cuando están en curso procesos de renovación de los poderes ejecutivo y legislativo federal, además de gubernaturas en los Estados y la Jefatura de la Ciudad de México. Son más de 20 mil cargos públicos los que están en juego. ¿De veras es momento de discutir modificaciones electorales? El Presidente tuvo 5 años para presentar sus ideas sobre lo que se debe mejorar en materia electoral; decidió esperarse hasta el peor momento posible.
Es preocupante también la idea de desaparecer a los órganos constitucionales autónomos. No hay un estudio preciso que nos diga si están haciendo bien o mal su trabajo. Hay arengas y vituperios, insultos incluso. Pero nada de sustancia para saber si el desempeño de los titulares de los órganos autónomos es acorde con su mandato constitucional y legal.
Nadie en sus cabales estaría dispuesto a desaparecer al órgano que nos asegura el acceso a la información pública gubernamental y protege nuestros datos personales, de la misma forma que nadie que sea razonable votaría a favor de desaparecer al órgano que lucha contra los monopolios e intenta fomentar la competitividad en todos los sectores de la economía mexicana.
Lo mismo sucede con la idea de reformar el sistema de pensiones. Desde luego que los trabajadores mexicanos tienen derecho a una vejez digna y que eso solamente se puede lograr con pensiones robustas; nadie podría regatear esas afirmaciones. Pero el problema es que no todo se puede resolver modificando la Constitución como resultado de dictados populistas. Necesitamos un diagnóstico preciso, un ejercicio de derecho comparado para ver cómo lo están haciendo en otros países y una consideración sobre si en efecto se requiere un cambio constitucional o bastaría con modificaciones al marco legal vigente.
Ahora bien, sea cual sea el destino de las modificaciones que propone el Presidente, lo cierto es que nuestro sistema constitucional requiere fortalecer (y no debilitar) las garantías de las propias normas constitucionales. Para ello es indispensable una Suprema Corte que pueda hacer bien su trabajo, que esté integrada por juristas de altísimo nivel (los mejores posibles y no solamente los que sean leales o que voten conforme a ideologías partidistas), y que tenga las atribuciones para generar los contrapesos indispensables en todo sistema jurídico democrático.
En 1995 se hizo una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal, se incorporaron en el artículo 105 de la Carta Magna las acciones de inconstitucionalidad y se mejoraron las ya existentes controversias constitucionales. En 1996 se incorporó al Poder Judicial Federal al Tribunal Electoral, que actualmente trabaja a través de salas regionales, de una sala superior y de una sala especial en materia de sanciones. En 2011 se mejoró la protección y tutela de los derechos humanos, incorporando el principio pro persona y reconociendo el rango constitucional a los derechos humanos previstos en tratados y convenciones internacionales. También en 2011 se mejoró al juicio de amparo mexicano, permitiendo su procedencia por omisiones de la autoridad y abriendo la puerta para que se puedan reclamar violaciones al interés legítimo (lo que ha dado lugar venturosamente por ejemplo a amparos para proteger el medio ambiente).
Todo eso es lo que hay que cuidar y defender. Necesitamos más contrapesos y no menos. Más mecanismos que hagan efectivos nuestros derechos y no menos. La Constitución no es una herramienta del poder, sino un escudo de protección de los derechos de todos. No lo olvidemos.
Abogado constitucionalista. @MiguelCarbonell
