Las visitas de verificación que desde hace varios años realiza la autoridad para comprobar el uso de música en establecimientos –especialmente en bares y restaurantes– han vuelto a generar controversia en días recientes. Cámaras empresariales acusan cobros excesivos y “abusos”; el IMPI, por su parte, recuerda que se trata de actuaciones legítimas para garantizar el cumplimiento de la ley. No es nuevo el cobro ni una ocurrencia: se trata de reconocer que la música también es propiedad y que su uso por terceros conlleva obligaciones.
Esta coyuntura ocurre a días de conmemorarse, el 11 de octubre, el Día Nacional del Combate a los Delitos en Materia de Derechos de Autor. La fecha no solo busca visibilizar las pérdidas que provoca la piratería, sino recordarnos que el respeto a la creación es una responsabilidad compartida. No fue casual que el Congreso destacara, al establecer este día, que la piratería representa un desafío económico y de gobernabilidad que exige fomentar una cultura de legalidad en la que participemos todos: autoridades, sector productivo y ciudadanos. La conciencia empieza en cada uno de nosotros.
Ya lo había dicho hace unos años en este mismo espacio: “no queda de otra, hay que pagar por la música” (1 de agosto de 2022). En México está plenamente reconocido, incluso por nuestro Poder Judicial, que la ejecución pública de obras musicales por terceros conlleva obligaciones hacia sus autores e intérpretes. En otras palabras, si la música forma parte de la experiencia que se ofrece al público, debe pagarse por su uso. No es un tema nuevo ni discutible: es la aplicación elemental del respeto a la propiedad intelectual (PI).
Es válido que se denuncien excesos, si los hubiera, pero otra cosa muy distinta es victimizarse por una obligación que el país tiene más que reconocida, tanto en su legislación como en los tratados internacionales de PI y derechos humanos. Lo que parece no haberse asimilado es que pagar por la creatividad también forma parte de esa obligación. Sociedades de gestión colectiva como la de autores y compositores de México (SACM) desempeñan un papel esencial para hacerla efectiva, y las mesas de trabajo que hoy instalan junto con el IMPI y empresarios son una buena señal: la coordinación siempre suma. Cumplir por convicción siempre será más eficiente que hacerlo por obligación.
Entre los argumentos que últimamente se han escuchado —y que tampoco son nuevos—, algunos empresarios han dicho que preferirían dejar de usar música en sus establecimientos. Quien así lo decida, adelante. Hay negocios que optan por el silencio o por música creada especialmente para ellos, y eso es totalmente válido. Lo que no se vale es beneficiarse del trabajo ajeno sin retribuirlo, o asumir que cumplir con la ley es opcional.
La música tiene un valor económico real. En lugares como los antros es parte esencial del negocio, pero aun en aquellos donde no es el atractivo principal influye en la permanencia de los clientes, en su comodidad y en el consumo. Lo entendió bien aquella campaña de la SACM en la que una pareja llegaba a un restaurante, notaba la ausencia de música y decidía marcharse, o aquella otra donde Aleks Syntek, Alex Lora y Joan Sebastian recordaban que, así como se paga al doctor por la consulta o al taquero por unos tacos, también debe pagarse a los autores por beneficiarse de su música. Son ejemplos sencillos pero potentes que ilustran cuánto aporta la música al éxito de un negocio.
Que existan mesas de diálogo es positivo; que existan inspecciones, necesario. Pero más allá de operativos o sanciones, el verdadero avance radica en asumir que la creatividad tiene valor y que beneficiarse de ella sin pagar es simplemente injusto. Vale recordarlo: el respeto a la PI no se impone, se asume. Y cuando se entiende así, la música deja de verse como un gasto y se reconoce como lo que realmente es: una inversión.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación
X: @MA_Margain
