En Estados Unidos, la primera patente firmada por George Washington se relacionaba con la agricultura; en la entonces Nueva España, el primer privilegio de invención trataba sobre minería. Allá se buscaba crecer; aquí, explotar. Desde esos orígenes distintos, ambos países tomaron caminos diferentes, aunque hoy enfrentan retos semejantes en materia de propiedad intelectual (PI).
En la reunión anual de la principal asociación estadounidense de abogados de PI, el recientemente ratificado director general de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) reconoció el tamaño del reto: más de 800 mil solicitudes pendientes y una creciente presión por atenderlas en un plazo razonable. Aun así, su mensaje fue claro: el problema no es insuperable si se enfrenta con decisión, recursos y visión tecnológica.
Para enfrentar ese reto, la estrategia estadounidense combina la contratación de más de mil examinadores y, sobre todo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) que apoyan la búsqueda en el estado de la técnica y mejoran la calidad del examen de patentabilidad. No se trata solo de reducir tiempos, sino de repensar el sistema a partir de la colaboración entre el ingenio humano y la capacidad de análisis de la máquina. Dejó entrever, además, la necesidad de actualizar el sistema de patentamiento para analizar el papel que la IA podría tener en el proceso mismo de inventar, tema que será motivo de un próximo artículo.
En contraste, en México no solo llegamos tarde a un tema que en otras jurisdicciones fue superado hace años: el de que solo el ser humano puede ser reconocido como autor y no la IA. Corrimos incluso el riesgo de que un proyecto de nuestro máximo tribunal propusiera considerar las obras generadas con IA como parte del dominio público. Por fortuna, no prosperó en esos términos, evitando un retroceso que habría afectado la innovación. Hoy, mientras aquí el debate gira en torno a la autoría, en otros países se centra en cómo aprovechar la IA para fortalecer sus sistemas de protección.
Aun con sus diferencias, México y EU comparten los estándares más altos de protección en el mundo, así como desafíos semejantes: rezago en el trámite de patentes, una creciente carga de trabajo y la necesidad de más examinadores. La solución pasa por dotar a las instituciones de una verdadera autonomía financiera que les permita invertir en personal, capacitación y tecnología sin depender de autorizaciones inciertas y, muchas veces, guiadas por prioridades ajenas a la PI para utilizar los recursos que ellas mismas generan.
En mi opinión, las diferencias —abismales algunas— no radican tanto en el sistema como en la falta de una verdadera cultura de PI en México. Mientras en EU la PI forma parte de la educación, del orgullo nacional y de su motor económico, aquí seguimos viendo las marcas y las patentes como un gasto o una formalidad. Nos alarma que casi nueve de cada 10 mexicanos consuman piratería, pero el verdadero problema es que seguimos sin valorar los frutos de la innovación. Incluso en el ámbito científico, el reconocimiento sigue midiendo publicaciones antes que patentes, como si divulgar valiera más que proteger.
Convertir la PI en una verdadera herramienta de desarrollo requiere más que recursos: demanda un marco legal e institucional sólido y una cultura que la respalde. México tiene el talento y la creatividad necesarios; lo que falta es otorgar a nuestra principal autoridad en la materia la autonomía suficiente para actuar con independencia y dar continuidad a los planes a largo plazo visualizados desde hace varios años, que por un tiempo no tuvieron la inercia necesaria. Hoy se percibe voluntad política en una sola y verdadera transformación que debe continuar: la de proteger y aprovechar la innovación y la creatividad más allá de los ciclos de gobierno.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación
X: @MA_Margain