Las denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas (IG) representan no solo un sello de calidad y tradición, sino también un patrimonio cultural que debe trascender la mera protección legal. Es imprescindible ir más allá de la declaratoria para aprovechar el potencial económico y reputacional de estos productos.
En México, mientras el tequila se erige como ejemplo gracias, entre otros, a su consejo regulador, otros productos emblemáticos han quedado rezagados, evidenciando la necesidad de un enfoque integral que fortalezca tanto su identidad como su competitividad global.
La experiencia del tequila demuestra que contar con un consejo regulador efectivo puede marcar la diferencia en la gestión de una denominación. Este modelo, reconocido a escala mundial, contrasta con el desempeño de otras DO e IG, como las de la charanda y la vainilla de Papantla, que aún no alcanzan el éxito esperado. La ausencia de un organismo que supervise, evalúe y certifique la autenticidad limita su explotación y debilita la imagen de marcas que podrían competir en igualdad de condiciones.
Las figuras de propiedad industrial deben aprovecharse en su totalidad. La complejidad de su régimen, marcada por la titularidad del Estado y la exigencia de normas oficiales, demanda estrategias que impulsen su explotación comercial. Es necesario un cambio de paradigma en el que la protección legal se complemente con mecanismos de control y promoción que aseguren la calidad y la tradición inherentes al saber hacer mexicano.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) presentó el 11 de febrero una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que busca reforzar el papel de los consejos reguladores.
La propuesta exige que cada DO cuente con un único consejo encargado de certificar el cumplimiento de normas y salvaguardar la identidad del producto, integrando a actores clave como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Dirección General de Normas y las autoridades de agricultura. Se plantea que estos consejos sean entidades privadas sin fines de lucro, dotadas de autonomía, capacidad técnica y recursos suficientes, garantizando así una intervención inclusiva.
El debate se intensifica al considerar la facultad de que el IMPI autorice y revoque la constitución de estos consejos. Dotar al IMPI de tal función podría generar conflictos dentro del ente de autorregulación, sobre todo cuando, por una parte, es integrante del consejo y, por otra, carece de los recursos adecuados para ampliar su capacidad operativa.
Resulta más adecuado que la Secretaría de Economía guíe el proceso de conformación y verifique el cumplimiento de los requisitos, asegurando un marco de equidad, igualdad y eficiencia entre actores públicos y privados.
Ante la creciente competencia internacional y las amenazas de una guerra comercial, la propuesta resulta oportuna y necesaria. Proteger la identidad de los productos mexicanos exige no solo una declaración de origen, sino la consolidación de mecanismos que aseguren su calidad y autenticidad.
Adoptar el modelo del Consejo Regulador de Tequila (CRT) como referente puede impulsar la modernización de todas las denominaciones, transformándolas en motores de desarrollo económico y cultural que fortalezcan el prestigio de México en el escenario global. Asimismo, esta reforma podría incentivar inversiones y fomentar el desarrollo sostenible en las regiones donde se producen estos bienes.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación, socio de ECIJA México. X: @MA_Margain
